Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro nacional de labores por tiempo indefinido, en rechazo al nuevo modelo de evaluación del desempeño para el personal de carrera judicial.
La protesta responde a un acuerdo del Órgano de Administración Judicial (OAJ), publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece evaluaciones cada dos años para alrededor de 32 mil trabajadores, entre secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales.
El principal desacuerdo se centra en los criterios de calificación: el examen de conocimientos representará el 40 por ciento, mientras que el 60 por ciento restante dependerá de otros factores, como evaluaciones de superiores y compañeros, así como reportes de productividad.
Los inconformes consideran que estos mecanismos pueden abrir la puerta a decisiones subjetivas que afecten su estabilidad laboral, antigüedad y permanencia en sus plazas. También expresaron preocupación por posibles despidos o reubicaciones.
Por su parte, el OAJ y el PJF han señalado que la primera evaluación, prevista para diciembre de 2026, tendrá únicamente fines diagnósticos y no implicará consecuencias individuales ni despidos. Los trabajadores sostienen que no rechazan ser evaluados, sino los criterios establecidos y sus posibles efectos laborales.
El paro se ha extendido a por lo menos 16 estados y alrededor de 22 sedes judiciales, entre ellas instalaciones de Puebla, Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Oaxaca y Estado de México. El sindicato del PJF respaldó la movilización.
La protesta involucra principalmente a personal administrativo y de apoyo jurisdiccional, no a jueces y magistrados electos, y mantiene la exigencia de revisar el nuevo modelo de evaluación.
