La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado reveló la operación de al menos tres centros clandestinos dedicados a la minería de criptomonedas en Puebla, dos de ellos localizados en el municipio de Juan Galindo.
Uno de estos sitios fue ubicado en la comunidad de Nuevo Necaxa y actualmente está bajo investigación conjunta con las fiscalías de Puebla y Tlaxcala. El segundo aún no ha sido geolocalizado públicamente, mientras que el tercero se encuentra en un municipio cercano cuyo nombre no ha sido revelado para no entorpecer las indagatorias.
El titular de la SSP, Francisco Sánchez González, advirtió que estas operaciones carecen de autorización legal y aseguró que ya se iniciaron investigaciones permanentes.
Sánchez no descartó la posible participación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en estas actividades:
«El poblado donde estamos trabajando ahorita es Juan Galindo, y sí tiene que ver el SME. Esto es parte de la investigación. No lo puedo confirmar aún, pero estamos haciendo nuestro trabajo», declaró.
Como informó Desde la Silla, voces críticas dentro del propio sindicato han denunciado el uso indebido de sus instalaciones para actividades lucrativas.
Uno de los principales denunciantes es Ramón Pacheco, dirigente del Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” A.C., quien señaló que una planta generadora en Necaxa —cedida en comodato al SME por el gobierno federal en 2013— estaría siendo utilizada como granja de criptomonedas, consumiendo grandes cantidades de electricidad sin pagar por el servicio.
Pacheco acusó que lo que comenzó como un programa de reinserción laboral tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), se transformó en un esquema de enriquecimiento ilícito para algunos dirigentes sindicales.
Además, denunció que las más de 40 propiedades, plantas y alrededor de 150 vehículos entregados al SME están siendo arrendados a terceros, en violación a la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe el uso de bienes sindicales con fines de lucro.
Ante ello, el Frente Amplio presentó una denuncia formal ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), en la Ciudad de México, para exigir una revisión del uso que se le ha dado a los bienes entregados en comodato al SME.
