Tras la sentencia de 60 años de prisión dictada contra Javier N. por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, el secretario de Seguridad Pública del estado, Francisco Sánchez González, solicitó su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, el penal donde terminan quienes alguna vez creyeron estar por encima de la ley.
La petición no es menor. El exfuncionario y político priista había sido recluido originalmente en esa prisión federal, en Almoloya de Juárez. Sin embargo, durante el desarrollo del proceso judicial, permaneció en Puebla gracias a recursos legales que retrasaron decisiones y alargaron los tiempos. La justicia, como suele ocurrir cuando el poder está de por medio, avanzó con cautela.
“Una vez concluido el proceso, se determinó su traslado. Ya fue solicitado; es ahí donde pertenece”, sentenció el titular de Seguridad Pública, marcando el cierre administrativo de una historia que durante años pareció no tener fin.
El 31 de diciembre, mientras el calendario se despedía del año, el Tribunal de Enjuiciamiento estatal impuso la pena máxima no solo a Zavala, sino también a quienes ejecutaron el crimen: Jair N., su sobrino, y Silvestre N., el sicario contratado. La resolución no solo fue una condena penal; fue un mensaje político en un país donde el feminicidio suele quedar impune y los vínculos de poder pesan más que las pruebas.
La audiencia final, celebrada en el tribunal contiguo al penal de San Miguel, se extendió por cerca de cuatro horas. Al concluir, fue Helena Monzón, hermana de Cecilia, quien dio voz al fallo. Durante todo el proceso, su figura se convirtió en un contrapeso moral frente a un sistema acostumbrado a proteger a los suyos. Las pruebas, sostuvo Helena, no dejaron margen para la duda.
No fue un camino recto. La defensa apostó al desgaste: amparos, retrasos, audiencias postergadas. El objetivo era el cansancio, el olvido, la normalización de la espera. Pero el 23 de diciembre, el tribunal declaró culpable a Javier López Zavala. La narrativa del intocable se rompió.
La sentencia coincidió con el posicionamiento del gobernador Alejandro Armenta, quien rechazó cualquier intervención en el caso, pese a la relación política que en otro tiempo lo vinculó con el ex priista. “Este gobierno no protege a nadie que haya cometido un delito”, fue el mensaje, en un contexto donde las distancias políticas también se convierten en señales.
El feminicidio de Cecilia Monzón ocurrió el 21 de mayo de 2022, en San Pedro Cholula. Dos hombres armados la interceptaron y dispararon contra su camioneta en Camino Real a Momoxpan. El crimen buscó silenciar una voz incómoda, crítica, feminista. No lo logró.
