Al abordar la resolución de la Suprema Corte sobre los adeudos fiscales del Grupo Salinas, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el fallo del máximo tribunal confirmó la validez de un conjunto de decisiones adoptadas desde hace más de una década por autoridades administrativas, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por tribunales colegiados, lo que dejó sin materia constitucional los recursos de revisión promovidos por las empresas y permitió a la Corte concluir que debían desecharse, al no presentar cuestiones nuevas ni elementos que justificaran su análisis en sede constitucional.
Sheinbaum detalló que los créditos en disputa derivaron de ejercicios fiscales del impuesto sobre la renta correspondientes a 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, y que, antes de llegar a la Corte, las empresas recurrieron primero a la autoridad fiscal, que ratificó los créditos; luego al tribunal administrativo, que hizo lo mismo; después a tribunales colegiados, que negaron los amparos directos, por lo que el máximo tribunal evaluó que los asuntos ya habían sido examinados por diversas instancias del Poder Judicial y carecían de elementos para continuar su trámite.
La mandataria insistió en que el comunicado del tribunal explica que la Corte no encontró cuestiones de relevancia constitucional ni temas novedosos en materia de derechos humanos, y por ello resolvió revocar acuerdos de admisión y desechar siete recursos, dejando firmes las sentencias previas; añadió que la resolución no implica una instrucción del Ejecutivo ni responde a presiones, pues “la Corte reafirma su compromiso con la legalidad, la certeza jurídica y la correcta aplicación de las normas”, lo que marca el cierre de un proceso que llevaba años detenido en la integración anterior.
En su exposición, Sheinbaum centró el ángulo en la fase que sigue una vez que el tribunal comunique formalmente su resolución al SAT, y subrayó que existen dos escenarios previstos por la ley: el contribuyente puede cubrir el adeudo y concluir el litigio o, en caso contrario, enfrentará un procedimiento de seguimiento con etapas definidas por el Código Fiscal; por ello, afirmó que “si paga, ahí se resuelve el asunto, pero si no paga entonces tiene que venir una serie de procedimientos que son parte de un proceso jurídico que tiene que seguirse”.
La presidenta explicó que el monto que deberá calcular el SAT incluye actualizaciones, recargos y multas derivadas del tiempo transcurrido, e insistió en que este crecimiento no depende de decisiones discrecionales, sino de lo que establece la legislación fiscal, pues la propia norma prevé que los adeudos aumenten conforme pasan los años si no existen pagos intermedios, lo que, según recordó, habría permitido montos mucho menores si el crédito se hubiera cubierto en etapas anteriores, aunque recalcó que la autoridad hacendaria será quien precise las cifras exactas.
Ante cuestionamientos sobre posibles consecuencias para ministras o ministros que mantuvieron los expedientes sin resolución durante años, Sheinbaum reiteró que el objetivo no es revisar a la integración anterior del tribunal, sino fortalecer el nuevo Poder Judicial elegido por voto popular, que, dijo, debe impartir justicia sin privilegios, sin influencias externas y sin distinciones basadas en condición económica, para que los fallos respondan a la Constitución y no a relaciones personales o intereses ajenos al Estado de derecho.
La mandataria insistió en que el fallo del tribunal no constituye un acto de persecución ni un uso político de la justicia fiscal, sino el cierre de un proceso que acumuló criterios jurídicos durante más de 15 años, y recordó que los expedientes permanecieron sin resolución definitiva durante largos periodos en la Corte, lo que prolongó un litigio que ya había sido desechado por otras instancias, de modo que la resolución actual obedece a la necesidad de concluir un ciclo procesal que llevaba años en espera.
En cuanto al impacto de los montos involucrados, Sheinbaum pidió esperar las cifras oficiales que emitirá el SAT y mencionó que el cálculo final podría representar recursos importantes para el Estado mexicano, aunque insistió en que solo la autoridad hacendaria puede precisar la cifra una vez que reciba la notificación correspondiente, y reiteró que cualquier procedimiento posterior debe seguir estrictamente las etapas previstas por la legislación fiscal si el contribuyente decide no cubrir el adeudo reconocido por la Suprema Corte.
