La historia de Genaro García Luna, alguna vez considerado el zar de la seguridad en México, sumó esta semana un nuevo y contundente capítulo judicial. La jueza Lisa Walsh, del 11.º Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, emitió una sentencia final en rebeldía en su contra y de su esposa, Linda Cristina Pereyra, imponiéndoles el pago conjunto de 2 mil 488 millones de dólares por un esquema de corrupción y lavado de dinero que desvió recursos públicos mexicanos hacia lujosas propiedades y cuentas en el sur de Florida.
El fallo, pronunciado sin necesidad de juicio formal debido a la reiterada incomparecencia de los acusados, detalla que García Luna deberá resarcir 748 millones 829 mil 676 dólares, mientras que su esposa, considerada pieza clave en la red de ocultamiento de activos, enfrenta una sanción aún mayor: mil 740 millones 25 mil 540 dólares.
El caso, presentado en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se construyó sobre una investigación que reveló una compleja trama de triangulación de recursos con empresas constituidas en paraísos fiscales, desde Panamá hasta Barbados, pasando por Estados Unidos. El gobierno mexicano estimó en 745.9 millones de dólares el monto desviado mediante contratos inflados y pagos a firmas vinculadas con el exfuncionario.
Según los informes de la UIF, entre 2012 y 2018, García Luna y una red de colaboradores manipularon contratos de tecnología y seguridad, incrementando el costo original de 250 millones de dólares hasta superar los 580 millones, gracias a comisiones secretas y sobrecostos. El dinero, luego de pasar por cuentas en países como Israel y Barbados, regresó disfrazado de inversiones inmobiliarias en Florida: condominios en Aventura, cuentas bancarias ocultas, y compañías pantalla como Delta Integrator LLC, OGGI CAFFE LLC, GLAC Security y GL& Associates Consulting LLC.
“Desde al menos el año 2012 y hasta por lo menos 2018, el acusado García Luna y personas que actuaban bajo su dirección… transfirieron esos fondos fuera de México hacia el condado de Miami-Dade con el fin de ocultar los fondos robados”, detalla la moción presentada por la UIF.
A pesar de las múltiples advertencias de la corte, ni García Luna—preso en Nueva York tras ser hallado culpable de narcotráfico en 2023—ni su esposa respondieron a las acusaciones civiles. El abogado de Pereyra incluso se retiró del caso. Para la UIF, esta inacción fue un reconocimiento tácito de los cargos. La jueza Walsh coincidió y dictó el fallo por default, lo que permite ahora al gobierno mexicano embargar bienes localizados en Florida y otras jurisdicciones cooperantes.
Hasta la fecha, México ha recuperado apenas 2.8 millones de dólares, menos del 0.5% del monto total desviado. La sentencia autoriza la ejecución inmediata contra activos identificados a nombre de los sentenciados o de terceros que actúen como testaferros. Uno de los embargos ya ejecutados recayó sobre Delta Integrator LLC, resultando en la recuperación de 1.97 millones de dólares y un inmueble valuado en 555 mil 800 dólares. A eso se suman 275 mil dólares recuperados por el vencimiento de una hipoteca vinculada a la misma firma.
Durante su comparecencia en la conferencia presidencial, Pablo Gómez Álvarez detalló que la UIF ha asegurado 19 propiedades en Florida relacionadas con la red de García Luna. También confirmó que el gobierno mexicano está actualmente en la etapa de conciliación en el juicio civil en Florida, con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyos funcionarios comparecerán para presentar pruebas y testimonios.
Asimismo, Gómez destacó que el dinero robado del erario mexicano fue triangulado a través de cuentas en paraísos fiscales como Barbados y luego transferido a Florida, en una operación claramente ilícita. El objetivo del juicio civil, subrayó, es el resarcimiento de los fondos desviados.
Pero el entramado va más allá de García Luna y su esposa. La UIF identificó a 44 empresas y ocho personas físicas como parte de la red financiera. Algunas firmas, como Nunvav, encabezada por Jonathan Alexis Weinberg Pinto, obtuvieron hasta 30 contratos gubernamentales, cuyas ganancias fueron enviadas a cuentas en el Occidental Bank de Barbados vía Citibank, y luego dispersadas a México en al menos 64 operaciones, usando cuentas de casas de bolsa y bancos nacionales. En México, 16 empresas receptoras de estos fondos han sido identificadas, la mitad de ellas enlistadas como factureras por el SAT.
Gómez también confirmó la captura de Jonathan Alexis Weinberg Pinto en España, quien enfrenta un proceso de extradición a México. El empresario, operador clave de la red de lavado, es ciudadano de Estados Unidos, Israel, México y Polonia, y ha sido señalado por fraudes en Panamá y otras operaciones ilícitas.
La sentencia de la jueza Walsh sienta un precedente inédito en la cooperación judicial entre México y Florida, y aunque la recuperación total de los 2,500 millones de dólares parece lejana—muchos activos pasaron por fideicomisos opacos o ya fueron revendidos—, abre la puerta a nuevas confiscaciones. Los abogados de la UIF anunciaron una próxima audiencia probatoria de daños, en la que se presentará un inventario detallado de bienes localizados.
En paralelo, la Fiscalía General de la República mantiene una orden de aprehensión contra Linda Cristina Pereyra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. El gobierno mexicano no descarta más acciones legales y administrativas conforme avancen los embargos.
Gómez también informó que, de diciembre de 2018 a la fecha, la UIF ha presentado 540 denuncias proactivas ante el Ministerio Público, además de 205 reactivas. Sólo en 2023 se presentaron 96 denuncias propias y 70 a petición de la Fiscalía. En total, las denuncias han involucrado a 3,115 personas físicas y 2,087 empresas, siendo 245 denuncias directamente relacionadas con corrupción.
El ocaso de García Luna, exhombre fuerte del gobierno de Felipe Calderón, no sólo exhibe las grietas del aparato de seguridad mexicano, sino que revela cómo, tras el blindaje institucional, se gestó una sofisticada operación financiera que drenó cientos de millones del erario, mientras en México florecían la violencia y la impunidad.
