El gobierno federal revocará la concesión del Parque Bicentenario, en la Ciudad de México, y transferirá su operación a la Secretaría de Cultura, en coordinación con el gobierno capitalino. La decisión se tomó tras la muerte de dos personas durante un festival musical celebrado en abril.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) revisan los aspectos legales para concretar el retiro de la concesión.
El parque, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en los límites con Azcapotzalco, fue concesionado el 1 de marzo de 2018, durante la administración de Enrique Peña Nieto, a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP.
“Se va a retirar la concesión, queremos que ese parque sea operado por la Secretaría de Cultura, porque no tiene sentido que haya concesión”, declaró Sheinbaum.
El anuncio se dio después del fallecimiento de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, quienes cayeron desde una estructura instalada para el festival Axe Ceremonia.
La caída de la estructura generó críticas por la falta de medidas de seguridad. Autoridades locales confirmaron que el lugar no contaba con las condiciones para albergar eventos masivos.
El Parque Bicentenario fue inaugurado en 2010 como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia. Se construyó sobre los terrenos de la antigua refinería de Azcapotzalco y tiene una extensión de 55 hectáreas.
La concesión, argumentó Sheinbaum, impide un uso cultural y recreativo adecuado del parque. La medida busca garantizar que el sitio sea administrado de manera institucional, con vigilancia sobre su operación y acceso seguro para la población.
Puntualizó que el parque será operado directamente por la Secretaría de Cultura federal, con apoyo del gobierno de la Ciudad de México, al tratarse de un espacio público en territorio capitalino.
La revocación está en curso y las autoridades federales afirman que el proceso se apegará a las disposiciones legales vigentes, a fin de formalizar el traspaso sin contratiempos jurídicos.
