La presión de la comunidad escolar del Instituto D’Amicis, derivó en la expulsión de un estudiante vinculado a proceso por el asesinato de la ciudadana argentina Natalia Andrade, ocurrido en marzo pasado en Lomas de Angelópolis.
El menor, identificado como Axel N., había sido inscrito en segundo de secundaria a pesar de enfrentar medidas cautelares que le prohíben salir del estado y lo obligan a permanecer bajo custodia de sus padres.
Su ingreso al colegio desató inconformidad inmediata entre padres de familia, quienes, con cartas dirigidas a la dirección y la ausencia voluntaria de varios alumnos como medida de presión, exigieron la salida del joven, al señalar que su permanencia ponía en riesgo el derecho de los demás estudiantes a un entorno escolar seguro.
La inconformidad llegó a tal grado que a través de mensajes difundidos en redes sociales, un grupo de padres de familia había anunciado que dejarían de pagar colegiaturas y convocaron a una protesta frente a las instalaciones del colegio este lunes 8 de septiembre a las 07:00 horas.
Sin embargo, la institución informó este domingo, mediante un comunicado, que el alumno “ya no forma parte de la comunidad educativa”, decisión tomada, según el texto, “en estricto apego a la normativa institucional y priorizando el bienestar y seguridad de todos los estudiantes”.
Lo anterior se dio a conocer luego de que la directora de la institución, Loyda Eunice Velasco Flores, anunció durante el fin de semana que el caso ya estaba siendo revisado por el Consejo de Administración, el área jurídica y la Asociación de Padres de Familia (APF).
“Reiteramos que la información relacionada con situaciones particulares de las y los estudiantes es de carácter estrictamente confidencial y, por lo tanto, no se emitirán detalles adicionales al respecto. Agradecemos a todas las familias su comprensión y apoyo, y les reafirmamos nuestro compromiso de mantener un entorno escolar respetuoso, seguro y en armonía, que favorezca el aprendizaje y la formación integral de nuestros estudiantes”, señala el comunicado de la institución.
Los hechos que dieron lugar a estas protestas tienen sus raíces en el mes de marzo, cuando Natalia Andrade, ciudadana argentina radicada en México y exfuncionaria durante el gobierno de Tony Gali, fue encontrada sin vida en su domicilio del clúster Querétaro.
Hasta la fecha, la información difundida públicamente ha sido limitada debido a que el presunto responsable es un menor de edad, de apenas 12 años, lo que obliga a que el caso se maneje bajo estrictas normas del sistema de justicia para adolescentes.
Sin embargo, vecinos del fraccionamiento, relataron que tras el hallazgo del cuerpo revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y detectaron a una persona con el rostro cubierto dentro de la vivienda durante varias horas, cuyas imágenes fueron entregadas a la Fiscalía y forman parte de las diligencias oficiales.
Vecinos relataron que el menor mostraba un comportamiento inusual: presuntamente rondaba las casas por la noche, se ofrecía a ayudar al personal de seguridad y seguía de cerca las cámaras de vigilancia. También se ha comentó su interés por series criminales, lo que habría motivado su comportamiento.
Presuntamente el exestudiante del Instituto Oriente entró a su casa para cumplir un reto y grabar a la mujer, sin embargo, fue descubierto y en ese momento atacó a la mujer causándole un traumatismo severo.
Natalia Andrade tenía una trayectoria profesional destacada: estudió Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica de Argentina y cursó posgrados en Francia y México. Su carrera incluyó cargos en el Senado argentino y en el Ayuntamiento de Puebla, así como la coordinación de Relaciones Públicas Internacionales durante la administración de Tony Gali.
En el caso de Axel N., en el mes de junio celebró su audiencia de vinculación de proceso desde el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA), bajo los protocolos del sistema integral de justicia penal para adolescentes.
Es así que se le impusieron medidas cautelares como no cambiar de domicilio, no salir del estado de Puebla, estar bajo la vigilancia de sus padres –quienes deberán presentar informes mensuales sobre su conducta–, así como prohibición de acercarse a testigos o contactarlos, incluso por medios electrónicos.
