La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla solicitará formalmente al presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, la destitución del director del penal ubicado en ese municipio. El actual responsable no cumple con el perfil necesario para ejercer ese cargo, según informó el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González.
El secretario estatal explicó que, tras un análisis en los centros penitenciarios de la entidad, se concluyó que el funcionario carece de formación y conocimientos en materia de seguridad. Añadió que la Subsecretaría de Centros Penitenciarios constató esta condición al verificar directamente las condiciones en que opera el penal.
El 4 de mayo, la dependencia recibió una denuncia anónima que alertó sobre irregularidades en el trato hacia las personas privadas de la libertad y en la calidad de los alimentos que reciben. Con base en esa información, personal estatal acudió al penal para inspeccionar el lugar.
Durante la revisión se encontraron múltiples objetos prohibidos, lo que, a decir del secretario, evidencia omisiones graves en los controles de ingreso y supervisión. El personal incautó 18 envoltorios con sustancias ilícitas, 17 teléfonos celulares, 7 pantallas, 5 controles remotos, 11 bocinas, 26 ventiladores, 4 aparatos eléctricos y 7 armas punzocortantes.
Sánchez González sostuvo que esta situación no puede permitirse en un centro penitenciario, por lo que enviará una recomendación al ayuntamiento de Huejotzingo para que remplace de inmediato al director. Subrayó que, aunque el Estado tiene bajo su administración directa cinco penales, otros once, incluido el de Huejotzingo, están bajo control de los gobiernos municipales.
“Voy a hacer una recomendación al presidente municipal para que remueva al director del penal, porque de acuerdo al criterio de nosotros, no cumple con el perfil para ocupar dicho cargo”, reiteró el funcionario.
Afirmó que el cambio de responsable permitirá mejorar las condiciones al interior del centro de reclusión y establecer controles más estrictos. Insistió en que las anomalías detectadas afectan la gobernabilidad del penal y vulneran los derechos de las personas internas.
De acuerdo con la legislación vigente, corresponde a cada ayuntamiento designar a los titulares de los penales bajo su jurisdicción. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública puede intervenir con recomendaciones cuando identifica fallas graves en su operación o en el perfil de los encargados.
Sánchez González hizo un llamado a los gobiernos municipales para mantener estándares mínimos de operación y fortalecer los protocolos de vigilancia. Recordó que la seguridad de las personas privadas de la libertad también es responsabilidad de los ayuntamientos.
La SSP anunció que continuará con las inspecciones en los centros penitenciarios municipales para detectar posibles fallas estructurales, de seguridad o de trato hacia los internos.
