El expresidente peruano Pedro Castillo recibió este jueves una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel tras ser hallado culpable del delito de conspiración para la rebelión, en relación con su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022.
La decisión fue tomada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú, que determinó que aunque Castillo buscó declarar un gobierno de excepción con disolución del Parlamento y control de poderes, no se concretó un alzamiento armado. Por ello, el fallo reclasificó los cargos originalmente acusados de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público a conspiración para rebelión.
El tribunal también impuso una reparación civil de 12 millones de soles peruanos, compartida entre Castillo y otros exfuncionarios condenados. Entre ellos figura la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada en la embajada de México en Lima, quien recibió la misma pena que el expresidente.
La condena contra Castillo se suma a un contexto de fuerte convulsión política en Perú. Su detención y sentencia ocurren tras un periodo de inestabilidad institucional y tras una ola de procesos judiciales contra exmandatarios por corrupción o intentos de alterar el orden democrático.
El fallo marca un hito en la historia reciente del país andino: pone fin, al menos por ahora, a la figura política de Castillo, quien ya se encontraba en prisión desde diciembre de 2022, y establece un precedente en los límites del poder ejecutivo frente a las instituciones del Estado en Perú.
