Solo fue cuestión de tiempo para que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN comprobara su participación en la campaña de desprestigio lanzada contra el gobernador Alejandro Armenta Mier por la aprobación de la Ley de Ciberseguridad.
Ayer, el dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, acudió al Poder Judicial de la Federación para promover una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Penal del Estado de Puebla por el delito de ciberasedio.
Romero Herrera no llegó solo. Lo acompañaron el dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña; el exagente de la Policía Cibernética de Puebla, Jesús Alfredo Páez San Martín, y el académico de la BUAP, Luis Enrique Sánchez, quien aseguró que más de 8 mil 500 firmas ciudadanas respaldan esta solicitud de derogación.
El argumento: la ley es ambigua, imprecisa y representa una amenaza directa a la libre expresión.
“Derogar el artículo 480 no es solo un acto jurídico, es un acto de dignidad”, aseguró el investigador universitario, al tiempo que hizo un llamado a jueces, universidades, periodistas y ciudadanía a sumarse a la exigencia.
El exagente cibernético Jesús Alfredo Páez, quien participó en la presentación del juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que la verdadera solución debería centrarse en reformar el artículo 278 Nonies del Código Penal, donde se regulan las agresiones digitales, pero sin afectar la crítica, la sátira o el activismo en línea.
Mientras tanto, el dirigente panista no perdió la oportunidad para lanzar una crítica directa a los nuevos integrantes del máximo tribunal:
“Esta es su primera prueba. Nosotros lo dijimos, llegaron con acordeón… vamos a ver cómo actúan”, ironizó, refiriéndose al proceso de elección reciente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El dirigente nacional explicó que el PAN apoyó a estos miembros de la sociedad civil porque concuerda en que la Ley de Ciberasedio atenta contra la libre expresión de los poblanos.
De forma paralela al recurso ante la SCJN, la dirigencia estatal del PAN anunció que pondrá a disposición de periodistas y ciudadanos un modelo de juicio de amparo, con el que podrán acudir a los juzgados de distrito mientras avanza la acción de inconstitucionalidad.
🔵 Sigue en vivo el mensaje que brindamos desde la sede del Poder Judicial de la Federación presentando Acción de Inconstitucionalidad en contra de la #LeyCensura de Morena. #PANDefiendeTuLibertad https://t.co/npQoJImBLf
— Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) July 8, 2025
El dirigente estatal, Mario Riestra, reiteró su postura y reveló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) próximamente estará interponiendo también un recurso legal contra este ordenamiento.
“Lo más preocupante es que esta ley ya está en vigor y, por tanto, ya limita libertades. Está mal redactada, los conceptos son ambiguos y puede ser utilizada de forma discrecional”.
Operación de bots panistas contra Sheinbaum y Armenta
Mientras el PAN se presenta como defensor de la libre expresión, surgen acusaciones que ponen en entredicho su discurso.
De acuerdo con el especialista en analítica digital Alberto Rangel Ortega, el partido bajo la dirección de Mario Riestra habría operado una granja de bots y cuentas falsas en redes sociales para desprestigiar tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum, como al gobernador poblano Alejandro Armenta.
“El gobierno federal ya había identificado una granja de bots. Hoy sabemos que está directamente vinculada con la dirigencia estatal del PAN”, declaró el experto en entrevista con El Heraldo de Puebla, el pasado 23 de junio.
Según Rangel Ortega, esta maquinaria digital ha intensificado su actividad desde marzo, coincidiendo con la aprobación de la Ley de Ciberasedio. Los mensajes —frecuentemente amplificados por cuentas anónimas y perfiles panistas— han buscado posicionar la narrativa de una «ley mordaza» en Puebla.
Entre los perfiles identificados figuran nombres conocidos del panismo local, como la diputada Genoveva Huerta Villegas y la exdiputada Carolina Beauregard, ambas cercanas a Riestra y señaladas por replicar sistemáticamente mensajes de ataque, especialmente en la red social X (antes Twitter).
En medio de esta confrontación legal y mediática, lo cierto es que el artículo 480 ya es ley, y como tal, tiene efectos. Lo que queda ahora es esperar si la Suprema Corte dará la razón a los promotores de la libertad o si validará lo que sus críticos llaman un intento de censura digital.
