Un testigo protegido acusó a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, de haber pactado con el narcotráfico la tranquilidad de la elección de 2018, en la que Adán Augusto López alcanzó la gubernatura. Después, ya en funciones de gobierno, habría consolidado una organización criminal con ramificaciones en secuestro, huachicol, narcomenudeo y tráfico de migrantes, bajo el nombre de La Barredora.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal de Almoloya de Juárez la carpeta de investigación FqED/FEMDO/FEITATA-JAL/0000224/2025, que sustenta la orden de captura contra Bermúdez, también conocido como El Abuelo o El Munrra. Según el expediente, el grupo nació en diciembre de 2018, cuando Adán Augusto López inició su gobierno y fue acompañado en su toma de protesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El testimonio clave provino de un exsubordinado identificado como C.T.D.R., quien aseguró que Bermúdez se reunió antes de la elección con el narcotraficante apodado El Pelón de Playa, con el fin de evitar disturbios en los comicios. El acuerdo habría permitido que la jornada se desarrollara sin episodios de violencia, consolidando así la victoria de López Hernández.
Posteriormente, el propio Adán Augusto lo designó director de la Policía de Investigación y, en diciembre de 2019, secretario de Seguridad Pública estatal. Fue desde esa posición donde, según los declarantes, Bermúdez aprovechó la estructura oficial para construir una organización criminal con presencia en varios municipios.
El engranaje criminal
C.T.D.R. relató que, al menos desde 2018, el exfuncionario daba órdenes directas a tres cómplices: Ulises Pinto Madera (El Mamado), Daniel Hernández Montejo (Prada o Chichirria) y al propio testigo. Su función era supervisar puntos de venta de droga, ya fuera en kilos o en dosis, y entregarle las ganancias en efectivo cada lunes en su domicilio.
Las operaciones no se limitaban al narcomenudeo. Bermúdez también controlaba el robo de combustible. De acuerdo con la declaración ministerial, las pipas con gasolina robada eran custodiadas por patrullas de la Secretaría de Seguridad y obligaban a estaciones como la gasolinería Paragas a revender el huachicol, entregando posteriormente las ganancias a la organización.
El expediente judicial documenta incluso un secuestro ordenado en mayo de 2019 contra un empresario gasolinero identificado como R.M.A., quien se negó a seguir colaborando con la red. Este episodio ilustra el uso de la violencia como mecanismo de disciplina y control económico.
Uno de los detalles más reveladores de la carpeta de investigación es la existencia de “oficinas móviles” en campers ubicados en la avenida Prolongación 27 de Febrero, en Villahermosa. Ahí, la organización almacenaba armas y mantenía a personas privadas de la libertad. Todo ello, según los testigos, ocurrió mientras Bermúdez ocupaba cargos públicos de alto nivel.
El círculo de colaboradores incluía a José del Carmen Castillo Ramírez, alias La Rana, comisionado de la Secretaría de Seguridad, quien tenía la facultad de asignar patrullas y policías para proteger operaciones ilícitas. Con esa cobertura institucional, se fortalecía la capacidad operativa del grupo.
Prada fungía como coordinador de células, encargado de eliminar o subordinar a grupos minoritarios en municipios como Cárdenas, Nacajuca y Centla. Además, tenía bajo su mando la recolección de ganancias por robo de hidrocarburos y la participación en desapariciones forzadas contra quienes se resistían a integrarse.
Casinos, migrantes y diversificación del delito
La investigación también menciona a Manuel de Atocha Romero Hernández, encargado de extorsionar a casinos en Tabasco, con excepción del Royalty, propiedad del hermano de Bermúdez. Paralelamente, Savier Eduardo Vázquez Orellana operaba el cobro de “pollos”, término con el que se referían al tráfico de migrantes indocumentados provenientes de Sudamérica y con destino a Estados Unidos.
Con estos testimonios, la FGR argumenta que La Barredora no era una banda local, sino una estructura criminal diversificada que operaba con respaldo institucional. El propio Bermúdez, aseguran, conocía a la mayoría de los delincuentes del estado por su historial de exconvictos y los reclutaba para fortalecer el control territorial.
En 2019, cuando El Pelón de Playa fue detenido, Villahermosa se convirtió en escenario de violencia extrema: autos incendiados, cuerpos colgados de puentes, mantas con amenazas. Según los testigos, estos hechos no fueron producto de la disputa entre cárteles, sino acciones planificadas por Bermúdez y sus aliados para atribuirlas al capo detenido y justificar su captura.
El recurso de la violencia escenificada sirvió para consolidar el poder de La Barredora y limpiar el camino de rivales. La versión judicial plantea que estas tácticas de terror eran utilizadas como arma política y criminal al mismo tiempo.
Detención en Paraguay y traslado a México
Tras convertirse en prófugo de la justicia mexicana, Bermúdez fue detenido en Asunción, Paraguay, en septiembre de 2025. Su expulsión se gestionó como una medida migratoria irregular, lo que permitió evitar un proceso formal de extradición.
El traslado duró más de treinta horas, con escalas en Bogotá y Chiapas, antes de llegar al Aeropuerto Internacional de Toluca. Ahí, un agente de la Policía Federal Ministerial le notificó la orden de aprehensión emitida por un juez de Control en Tabasco. Posteriormente fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde se le practicaron exámenes médicos para garantizar que no se violaran sus derechos humanos durante el trayecto.
La causa penal 386/2025 lo acusa de delincuencia organizada con fines de narcotráfico, acopio y tráfico de armas, delitos en materia de hidrocarburos y secuestro agravado. La FGR lo señala como el líder de una estructura criminal que se camuflaba en las instituciones de seguridad pública del estado.
Hasta el cierre de esta edición, la audiencia inicial en fuero federal estaba pendiente de celebrarse. La Fiscalía sostiene que los testimonios de C.T.D.R., de víctimas directas e indirectas y de otros colaboradores ofrecen elementos sólidos para sustentar el proceso penal.
La caída de Bermúdez no solo pone en evidencia la infiltración del crimen en las instituciones de Tabasco, sino también las tensiones entre gobernabilidad electoral, poder político y violencia organizada. Su caso se ha convertido en un emblema de cómo la narcopolítica puede arraigarse en estructuras estatales y operar durante años con cobertura institucional.
