Un Tribunal Colegiado ordenó el encarcelamiento de cinco agentes de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros —cuatro hombres y una mujer—, así como del exjuez municipal Jesús Venancio Castro, acusados de alterar documentos oficiales relacionados con la detención ilegal de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López.
Los hechos ocurrieron la noche del 10 de marzo de 2023, cuando las reporteras del medio Enlace Noticias, junto con otras jóvenes integrantes de una organización defensora de los derechos de las mujeres, fueron detenidas por policías municipales tras participar en manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer.
Durante su detención, las víctimas fueron privadas de la libertad, amenazadas con ser desaparecidas, obligadas a desnudarse y sometidas a actos de tortura, presuntamente con el consentimiento de la entonces presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, militante de Morena.
Las periodistas fueron liberadas a la mañana siguiente tras el pago de una multa por el cargo de alterar el orden público. Inmediatamente después, se presentó una denuncia formal contra los elementos policiacos y sus mandos.
Debido a que las víctimas son periodistas, el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. La investigación incluyó inspecciones en los lugares de los hechos, entrevistas con los implicados y revisión de archivos de seguridad.
Como resultado, seis elementos de la Policía Municipal fueron citados al Centro de Justicia Penal Federal en Puebla.
El pasado 6 de mayo, el Poder Judicial de la Federación imputó a 11 servidores públicos del municipio de Izúcar de Matamoros por los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad y abuso sexual en agravio de Natalie N. y Michelle N.
Sin embargo, el 12 de julio de 2024, una jueza estatal impuso medidas cautelares no privativas de la libertad, lo que permitió que los imputados continuaran el proceso en libertad. Esta decisión fue apelada por la FGR y por los representantes legales de las víctimas.
Ante ello, el Tribunal Colegiado del Sexto Distrito resolvió, el pasado 30 de abril, que la decisión fue incorrecta, al considerar que ponía en riesgo a las víctimas, facilitaba la manipulación de pruebas y testigos, y abría la posibilidad de fuga de los acusados.
En su resolución, el Tribunal estableció:
1. La revocación de la resolución emitida por la jueza de control el 12 de julio de 2024, en la causa penal 801/2023, respecto a las medidas cautelares.
2. La imposición de prisión preventiva justificada como única medida cautelar para los imputados.
3. La instrucción a la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla para dar cumplimiento a la sentencia.
4. La emisión de la sentencia por escrito, conforme al artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
5. La protección de datos personales en la versión pública de la resolución.
La resolución representa un avance en el proceso judicial contra quienes, abusando de su poder, atentaron contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de manifestación, todos ellos derechos protegidos por la Constitución.
Aunque los imputados son considerados responsables materiales de los delitos, persiste la sospecha de que actuaron por órdenes superiores. Se espera que las investigaciones avancen hasta identificar y sancionar también a los autores intelectuales, responsables de violaciones graves a los derechos humanos y, en particular, a los derechos de las mujeres.
