Motociclistas advirtieron que presentarán amparos y quejas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla en caso de que avance la llamada “Ley Chaleco” en el Congreso del Estado. Esta iniciativa busca hacer obligatorio el uso de prendas con material antirreflejante y la colocación visible del número de placas para poder circular.
Integrantes del Comité Biker insistieron en que las reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial son discriminatorias y violan sus derechos humanos, al imponer restricciones específicas al sector.
Señalaron que no se trata de una medida preventiva, sino de una reacción ante delitos que ya han sido cometidos.
En este sentido, propusieron que, en lugar de obligarlos a portar su número de placas en el casco y el chaleco, se implementen tecnologías como cámaras y drones con inteligencia artificial (IA), que permitan identificar las matrículas de las motocicletas utilizadas en la comisión de ilícitos.
Los Motoclubes Unidos de Puebla expresaron su preocupación y desacuerdo con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que consideran criminaliza a los motociclistas. Aunque no se oponen a la regularización del uso de motocicletas./@ismaelrojasmx pic.twitter.com/6UFPJepuPy
— W Radio Puebla (@WRadioPue) May 27, 2025
El representante del Comité Biker, Fulgencio Salazar, informó que buscarán reuniones con diputados locales para abrir un canal de diálogo y expresarse en contra de la iniciativa. También solicitarán una audiencia con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, con el fin de agotar las vías institucionales.
Sin embargo, advirtieron que, de ser aprobadas las reformas en comisiones y posteriormente en el Pleno sin que se les escuche, recurrirán a todas las instancias legales posibles.
“Si no nos hacen caso, vamos a seguir agotando las vías legales. Vamos a estudiar la posibilidad de un amparo y acudir a las instancias que puedan ayudarnos y defendernos”, expresaron.
Incluso mencionaron que acudirán a la CDH de Puebla para tramitar las acciones legales pertinentes, ya que, desde su perspectiva, esta ley —que ya existe en otras entidades— es discriminatoria y atenta contra sus derechos.
Finalmente, lamentaron que desde que se dio a conocer la propuesta legislativa, han sido objeto de criminalización y se ha generado una campaña de odio contra quienes utilizan este medio de transporte.
