La figura de Martín Juárez Sánchez, conocido como dirigente de la organización de comerciantes ambulantes 11 de Marzo, a lo largo de los años ha estado marcada por un historial de acusaciones que van de presuntos episodios de violencia, extorsión, cobra de cuotas ilegales y hasta narcomenudeo en el Centro Histórico de Puebla.
El reciente episodio en que el Ayuntamiento de Puebla denunció al dirigente y a varios de sus agremiados por la agresión física contra 13 funcionarios municipales, durante un operativo de Vía Pública en el corazón de la capital, es solo la punta del iceberg de un cúmulo de acusaciones contra el jefe ambulante, no sólo por el gobierno, sino también por de otras organizaciones vecinas del comercio informal.
De acuerdo con declaraciones del secretario General de Gobierno del municipio, Francisco Rodríguez Álvarez, las pruebas incluyen videos y testimonios que responsabilizaban directamente a Martín Juárez de haber instigado la violencia.
Uno de los funcionarios terminó hospitalizado con una lesión grave en el hombro que requirió cirugía, siendo este caso un eslabón más en la cadena de episodios en la trayectoria del líder.
El nombre de Martín Juárez está íntimamente ligado a “La Maldita Vecindad”, un inmueble en la 3 Norte, entre la 8 y 10 Poniente, señalado en su momento como la “escuela del crimen” en el Centro Histórico.
Según reportó el portal Página Negra, este lugar fue durante años refugio de carteristas, estafadores y narcomenudistas que operaban bajo la sombra y tolerancia de la 11 de Marzo.
La organización de Juárez fue acusada de solapar y proteger estas actividades, lo que incluía también la presunta venta de armas. Allí, se habló de riñas como la del 13 de enero de 2019, cuando ambulantes de su grupo se enfrentaron violentamente en una supuesta disputa por el control del narcomenudeo, dejando tres personas lesionadas.
En aquel episodio, según testigos, participó Alberto N. El Caníbal, hijo de Martín Juárez, quien fue identificado como operador del narcomenudeo en la zona.
La violencia entre grupos de ambulantes no tardó en extenderse. En 2020, las organizaciones 11 de Marzo y Fuerza 2000 protagonizaron enfrentamientos en el Centro Histórico.
Trifulcas, detonaciones de arma de fuego y marchas de protesta hicieron evidente que ambas agrupaciones no solo disputaban espacios para el comercio, sino el posible control de actividades ilícitas en la zona.
El entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta fue contundente: “Son iguales Martín y Federico”, dijo en referencia a Juárez y Federico López Flores, líder de Fuerza 2000 y también señalado por actividades criminales.
Barbosa no dudó en llamarlos “un par de delincuentes” que usaban a los comerciantes ambulantes como fachada para extorsionar, vender drogas y controlar territorios en la capital.
Las acusaciones en contra de Juárez fueron diversas y constantes. Silvia Rodríguez Muñoz, vocera de Fuerza 2000, denunció que el líder de la 11 de Marzo exigía cobro de piso a sus agremiados, en ocasiones a punta de pistola, y que no dudaba en amenazar de muerte a quienes se resistieran.
Esa dinámica quedó expuesta también en una columna del periodista Alfonso P. de León para Intolerancia Diario, donde señaló que sujetos presuntamente exigían a los vendedores una cuota de 50 pesos diarios para dejarlos trabajar.
En una entrevista concedida ese mismo año a Canal 13 Puebla, Martín Juárez terminó por admitir que sí pedía “cooperaciones” a sus afiliados, aunque intentó justificarlo como contribuciones voluntarias.
Su declaración, lejos de limpiar su imagen, alimentó la percepción de que el dinero que recaudaba posiblemente servía para financiar estructuras más amplias, conectadas con diferentes actores.
“Ese dinero tiene que rodar a todos lados”, dijo, dejando entrever un entramado que rebasaba la simple operación del ambulantaje.
Los vínculos familiares también pesan en su reputación. Su hijo, Alberto Juárez Hernández, El Caníbal, fue detenido en julio de 2020 por la policía estatal, señalado como uno de los principales narcomenudistas que operaban en el Centro Histórico.
Fueron confiscados: un paquete con un peso de medio kilogramo y ocho bolsas pequeñas con marihuana, 40 envoltorios con heroína y 34 envoltorios de cocaína.
Lo más escandaloso: el propio Martín Juárez, entrevistado sobre el tema, aseguró que la casona solo servía como bodega y como intento de limpiar su imagen, realizó un recorrido en el lugar que fue transmitido por facebook, explicando que todas las acusaciones eran mentira.
Diversos medios de comunicación documentaron que en esta casona del primer cuadro de la ciudad localizada en la calle 3 norte, víctimas de robo a transeúnte denunciaron haber visto a los carteristas entrar a este inmueble, donde presuntamente, también se escondían integrantes de la banda delictiva de “la bolita”
Otro personaje asociado a su organización fue Héctor González, apodado El Motor. Todos ellos, piezas de un ajedrez que presuntamente conectaba comercio informal con crimen organizado.
Conforme los años avanzaron, la lista de denuncias contra Martín Juárez siguió creciendo. En 2021, el entonces titular de la Secretaría de Gobernación municipal, René Sánchez Galindo, informó que la dependencia había presentado más de 80 denuncias contra organizaciones como la 11 de Marzo, Antorcha Campesina y Fuerza 2000, entre otras, por asociación delictuosa, lesiones y resistencia a la autoridad.
Galindo acusó que los grupos de choque vinculados con Juárez utilizaban halcones para monitorear a las autoridades, se resguardaban en casonas del Centro Histórico y estaban perfectamente organizados para delinquir. La situación, dijo, solo podía resolverse si la Fiscalía General del Estado concluía las investigaciones y desarticulaba la red.
Además, el 9 de marzo de 2019, un grupo de 32 mujeres pertenecientes a colectivos como Puebla Vigila, 33 Mujeres, además de estudiantes de la BUAP y personal del IMPLAN, organizaron un recorrido de urbanismo y movilidad en el Centro Histórico de Puebla.
Entre ellas se encontraba la exdirectora de Movilidad municipal, Alejandra Rubio Acle. La actividad inició en la Plaza de Sor Juana Inés de la Cruz y al dividirse en equipos para trabajar, comenzaron a ser hostigadas en distintas calles.
La primera agresión quedó registrada en una transmisión de Facebook live, donde se documentaban los obstáculos que enfrentan peatones y personas con discapacidad a causa de los ambulantes. En el video se observa a un hombre exigiendo detener la grabación y poco después, una participante denunció haber sido acosada y golpeada.
Finalmente, se identificó a integrantes de la organización 11 de Marzo como responsables de las agresiones contra seis de las mujeres que participaban en la actividad “La calle es nuestra”.
Pese a los señalamientos, el líder continuó operando en la zona, con la capacidad de movilizar a decenas de comerciantes ambulantes y con un poder que le permitió contrapesar a Fuerza 2000, cuyo líder era Federico López, vinculado a proceso en 2022 por lesiones calificadas, daño en propiedad ajena, robo calificado y resistencia de particulares en agravio de elementos de la Agencia Estatal de Investigación.
