El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, solo solventó 10 millones de los 278 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2023.
Así lo informó la diputada federal Nora Merino Escamilla, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, quien indicó que hace dos semanas recibieron el informe de la Auditoría respecto a la solventación de observaciones.
La diputada del PT señaló que en la última mesa de trabajo de la Comisión de Vigilancia se reportó que, de los 278 millones de pesos observados en la cuenta pública, solo se solventaron 10 millones de pesos, lo que representa apenas 3.7 por ciento del monto total.
Por otra parte, manifestó que 185 millones de pesos se encuentran en seguimiento de solventación, por lo que todavía podría aclararse su destino.
Además, alrededor de 80 millones de pesos observados por la ASF presentan problemas de solventación, ya que la documentación entregada no fue suficiente.
“La realidad es que es un caso grave, yo hago un llamado respetuoso al expresidente municipal y al equipo que trabajó con él para que hagan la solventación”, dijo.
La diputada federal pidió a la bancada del PAN “dejarse de politiquería”, ya que desde el Congreso del Estado han solicitado una comparecencia de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras su exalcalde no ha podido solventar las observaciones por recursos utilizados durante su administración.
“Antes de andar haciendo politiquería, alzar la voz, su bancada en el Congreso estatal para atacar al gobernador Armenta, para llamar a comparecer al secretario de seguridad pública, que primero llamen a comparecer al expresidente municipal Eduardo Rivera”, dijo.
Ante esta situación, expresó comprensión hacia la labor del actual presidente Pepe Chedraui Budib, quien ha dedicado un año a poner orden en las finanzas que dejó la administración del PAN. “Dejaron un chiquero y en números rojos el Ayuntamiento”.
Insistió a la oposición que, en lugar de querer “sacar raja política” de temas de seguridad, debería pedir explicaciones a exfuncionarios que dejaron gastos sin aclarar.
Comentó que en diciembre se hará una última evaluación del año sobre la Cuenta Pública 2023 del Ayuntamiento de Puebla para revisar si se ha presentado más documentación para solventar los recursos señalados.
La legisladora insistió en que tanto Rivera como su suplente en la presidencia municipal, Adán Domínguez Sánchez, deberán explicar el destino de los más de 200 millones de pesos, al tiempo que advirtió que no se permitirá que ambos se retiren de la vida pública sin responder por las observaciones.
La ASF emitió observaciones en 2023 y documentó un probable daño patrimonial de 186.2 millones de pesos, equivalente a casi la mitad del presupuesto auditado (416.6 millones).
El organismo emitió cuatro pliegos de observaciones y una solicitud de aclaración que abarcan:
- Pagos injustificados por paquetes alimentarios
- Falta de documentación en el suministro de agua potable
- Irregularidades en la carga de combustible de vehículos municipales
- Contratos de obra pública sin actas constitutivas de las empresas participantes
El mayor señalamiento fue por 122.1 millones de pesos, vinculados a la falta de evidencia en contratos de gasolina para vehículos oficiales.
Otros montos destacados fueron 28.9 millones en programas sociales, nóminas, distribución de alimentos y servicios artísticos.
También se encontraron 24.4 millones en contratos de infraestructura sin documentación comprobatoria. Se sumaron 8.5 millones en el suministro de agua a 64 inmuebles municipales con recursos federales y 2 millones en registros contables y pagos contractuales no aclarados.
Rivera Pérez dejó el Ayuntamiento en diciembre de 2023 para buscar la gubernatura de Puebla en las elecciones de 2024. Su suplente, Adán Domínguez, concluyó el periodo de la administración panista.
Estas cuentas se suman a las observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) derivadas de la Cuenta Pública 2022, por un monto de 423 millones 407 mil 594 pesos entre posibles daños patrimoniales y montos sin aclarar.
De esta cifra, 45.6 millones fueron catalogados como daño patrimonial y 380.5 millones como recursos pendientes de comprobación.
El patrón fue el mismo: opacidad administrativa, ausencia de comprobantes, falta de evidencia documental y contratos asignados bajo adjudicación directa a proveedores recurrentes.
Para 2023, último año de gestión de Rivera Pérez, las cifras se dispararon. La ASE reportó mil millones 148 mil pesos en observaciones, de los cuales 261.2 millones corresponden a un posible daño patrimonial y 738.8 millones permanecen sin aclaración.
