El 29 de noviembre de 2017 es una fecha que Rafael Micalco Méndez difícilmente olvidará porque fue justo cuando una de las vacas sagradas del panismo, Luis Felipe Bravo Mena, a la postre presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN halló responsable al hoy diputado local de haber adquirido predios con sobre costo y otras irregularidades para la edificación de las oficinas de 15 Comités Directivos Municipales en el estado.
El soporte documental analizado por Bravo Mena, además, incluía otras faltas como la autorización de la adquisición de los predios, pero nunca adjuntaron los recursos para la escrituración, avalúos o peritajes, lo mismo que mallas o cercados para proteger los inmuebles.
En otros casos, se comprobó que los predios fueron vendidos por los mismos dirigentes o líderes de los comités municipales de Zautla y Jalpan. Eso sin contar que el Comité Directivo Estatal encabezado por Rafael Micalco Méndez nunca realizó un estudio para determinar qué municipios eran más importantes de apoyar en la construcción de oficinas, de acuerdo con el número de militantes.
Así pues, resultó que la dirigencia de Micalco decidió gastar 142 mil 763 pesos en la compra de un terreno en Ahuacatlán, a pesar de que allí solo existen 12 militantes; o en Huitzilan de Serdán, donde solo había 9 militantes registrados y se erogaron 84 mil 836 pesos.
Estas y otras lindezas llevaron a dicha comisión a determinar —según se desprende del Acuerdo CA/011/2017— que el entonces presidente del CDE incurrió en diferentes actos de corrupción por comisión y omisión no solo en la vigilancia del buen uso de los bienes del partido sino en la supervisión de la administración de sus recursos y/o vigilancia del trabajo de las secretarías y comisiones involucradas en la adquisición de los predios.
Así pues, Luis Felipe Bravo Mena, responsable de la elaboración del dictamen, estimó que las conductas corruptas de Micalco Méndez dañaron “la buena fama e imagen del partido”.
Por lo que estableció: “Este órgano colegiado considera que, con el afán de salvaguardar los intereses de este instituto político y toda vez que se encuentra acreditado que el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MÉNDEZ incurrió en las conductas ya descritas consideradas como actos de corrupción, en su carácter de dirigente, con una militancia de 20 años, debiendo dar ejemplo de profesionalismo y lealtad a esta institución, resulta lo más adecuado la inhabilitación para ser dirigente en este partido político por un periodo de tres años, al tenor de lo dispuesto en el artículo 131 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, por lo que se solicita a la Comisión de Orden del Consejo Nacional su imposición”.
Sin embargo, lo interesante vendría después ya que la inhabilitación nunca se cumplió.
Uno de los primeros responsables de que eso no ocurriera fue el propio morenovallismo que lanzó todas sus baterías para aplicar la sanción Micalco y, contrario a su interés, lo convirtió en una “víctima” de persecución política, al grado que militantes de más de 60 comités municipales del estado emitieron una carta exigiendo al CDE, encabezado en ese tiempo por Jesús Giles Carmona, frenar dicha embestida.
A la par, Micalco Méndez inició un juicio de protección a sus derechos político-electorales que fue resuelto parcialmente a su favor, aunque en la Comisión de Justicia del CEN del PAN se dictó una resolución el 28 de febrero de 2018 que sería la clave de toda la trama.
Por un lado, la Comisión de Justicia calificaba de “frívolos” muchos de los argumentos planteados por Micalco, pero ordenó “que en un plazo considerable” la Comisión de Orden y Justicia Intrapartidista del Consejo Nacional del PAN a que resolviera el expediente radicado con el número CODICN/PS/2018.
Dicho expediente CODICN/PS/2018 fue iniciado tras los actos de corrupción hallados por la Comisión Anticorrupción en el caso CA/011/2017.
¿Por qué la Comisión de Orden nunca resolvió el expediente que pedía la inhabilitación de tres años?
Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero en esa época el panismo se encontraba en medio de una guerra intestina producto de la elección presidencial de 2018.
En Puebla, el grupo de Rafael Moreno Valle había roto lanzas con Ricardo Anaya Cortés, quien le cerró todos los caminos rumbo a la candidatura presidencial y llegaron a una lucha sin tregua por controlar los diferentes comités directivos estatales del país y las candidaturas posibles.
La apuesta de Moreno Valle era Martha Erika Alonso y mantenía un férreo control de la estructura panista y las candidaturas del PAN. A la par, estaba a la vuelta de la esquina la renovación de la dirigencia estatal.
En esa tesitura, Rafael Micalco, uno de los principales adversarios de Moreno Valle y unos de los pocos yunquistas que apoyó la candidatura de Ricardo Anaya, pretendió convertirse en el presidente del CDE del PAN en Puebla, pero más dilató en manifestar su interés que la Comisión Anticorrupción recibiera el voluminoso expediente sobre la compra con sobre costo de 15 predios.
En esa coyuntura, con fuego amigo interno y el riesgo de perder Puebla, Marko Cortés Mendoza, entonces presidente nacional del PAN e integrante del grupo político de Anaya Cortés, habría pactado con Micalco que desistiera de la dirigencia y a cambio archivarían el expediente iniciado en su contra.
La exoneración no oficial incluso podría encontrarse en el currículum que Micalco Méndez presentó ante el Congreso del estado, cuando en 2021 se convirtió en diputado local por la vía plurinominal.
Entre sus encomiendas asentó: “Secretario de Promoción del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 2019-2021”.
