El cuerpo no era el suyo, pero el mensaje sí. En la comunidad de Mihuacán, Coronango, dos explosiones se volvieron tendencia nacional: una camioneta Honda HR-V calcinada, restos humanos esparcidos y el aire cargado de pólvora, fue un suceso que dejó un claro mensaje dirigido a Gustavo Alonso González Zapata, alias Sauce, quien escapó ileso de lo que ya se investiga como un ataque directo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La célula criminal que firmó el atentado se autodenomina “Operativa Barredora” y, a través de un mensaje que circuló en redes sociales, se adjudicaron el ataque con minas explosivas contra Sauce, actualmente director de Operaciones y Logística de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.
Pero el caso no comenzó en Coronango, ni con explosivos, sino hace años, entre denuncias internas, acusaciones por abuso de autoridad y hasta señalamientos por violencia doméstica.
El atentado con minas no solo puso a la entidad en el radar nacional, sino que desnudó los nexos y tensiones entre autoridades y grupos criminales.
Y es que, la presencia de Sauce en el sitio de la explosión no fue casual: el CJNG lo tenía en la mira desde hace tiempo y las autoridades ya investigan si el ataque fue una ejecución fallida o un mensaje directo.
González Zapata, quien alguna vez fue subsecretario de Operatividad Policial en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital, había sido una figura polémica en los últimos años, pues su paso por la policía municipal dejó una estela de protestas.
En marzo de este año, Sauce tuvo que abandonar su cargo tras una revuelta de policías municipales que lo acusaron de abuso laboral, fabricación de delitos y jornadas de hasta 30 horas.

Esta protesta se desató durante la gestión de Fernando Rosales en la SSC, luego del asesinato de dos agentes municipales en la colonia Del Valle, lo que llevó a los uniformados a manifestarse en el Zócalo de Puebla, exigir justicia y el cese de sus mandos.
Los nombres de los occisos: Edgar y Alejandro, supuestos escoltas de Gustavo Alonso, quienes no obtuvieron ningún tipo de justicia, toda vez que los agresores huyeron, incendiando una tienda Oxxo de Bosques de San Sebastián y colocando además ponchallantas para emprender una escapatoria limpia.
Sin embargo, la presión escaló hasta las oficinas de la SSC en Rancho Colorado, donde el presidente municipal José Chedraui Budib tuvo que intervenir. La renuncia de González Zapata fue anunciada como “irrevocable”, pero la calma duró poco.
Apenas tres meses después, la fiscal estatal Idamis Pastor Betancourt confirmó su reincorporación, ahora como director de Operaciones y Logística de la Fiscalía.
Argumentó que no existía ninguna sentencia en su contra y que “todos tienen derecho a un trabajo digno”. Sin embargo, el nombramiento fue mal recibido dentro del organismo.
González Zapata ya había sido amenazado en el pasado por el crimen organizado y en distintos videos difundidos por el CJNG, su nombre apareció como objetivo.
Según Página Negra, también fue protagonista de un presunto caso de violencia doméstica: subordinados habrían escuchado, por un radio encendido, cómo agredía a una mujer en su domicilio.
Estas versiones se sumaron a las denuncias de agentes municipales que señalaron presiones para encubrir procedimientos, alterar informes e incluso fabricar delitos. Todo esto ocurrió durante la gestión de Fernando Rosales, quien también terminó dejando el cargo tras el estallido interno.
El ataque
Este lunes, un operativo para revisar un vehículo abandonado con bolsas negras en su interior terminó en caos. En el antiguo camino a Mihuacán, elementos de la Policía municipal y personal de la Fiscalía se acercaban a una camioneta Honda con placas de la Ciudad de México, cuando el silencio se convirtió en una serie de explosiones.
Todo indicaba que se trataba de una escena para el protocolo forense, pero mientras los agentes ministeriales observaban el auto, sin saberlo, pisaban terreno minado.
Las minas estaban ahí, escondidas junto al vehículo. Una agente cayó herida por las esquirlas, mientras otros uniformados corrían a resguardarse. Todo quedó registrado en una transmisión en vivo de un reportero.
La primera explosión fue muy sorpresiva, luego vino otra justo cuando una agente estatal caminó al frente de la unidad. La segunda detonación la derribó.
En los videos difundidos se ve cómo cae entre el polvo mientras sus compañeros, confundidos corren, además, tres personas vestidas de civil, presumiblemente ministeriales, se dispersan.
Lo más llamativo no fue solo la violencia del ataque, sino la presencia de Gustavo Alonso González, quien salió ileso, pero no pasó desapercibido, pues había llegado como parte del equipo de supervisión.
Su reacción también quedó registrada: tras el estallido, se escondió detrás de un vehículo rojo y posteriormente se alejó del mismo, aparentemente, por miedo a una siguiente explosión.
De acuerdo con Milenio, las autoridades poblanas confirmaron que el atentado fue perpetrado con explosivos de activación remota, uno de los cuales estaba conectado a un teléfono celular y no logró detonarse.
Expertos en explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública y del Ejército revisaron un radio de 30 metros para descartar más riesgos y detectaron que las explosiones provocaron cráteres de hasta 50 centímetros de profundidad.
También continúa el análisis del explosivo no detonado, así como la identificación de las dos víctimas cuyos restos fueron abandonados en el lugar.




