La Fiscalía General del Estado de Puebla informó a la ciudadanía que, en cumplimiento de su deber de transparencia, rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción, se iniciaron las indagatorias correspondientes a través de la Fiscalía de Asuntos Internos, derivadas de la salida de los servidores públicos Luis Antonio León Delgadillo, Miguel Ángel Islas Álvarez y Jorge Malvaez Rodríguez, adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia y a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, respectivamente.
La fiscal general del estado reiteró su compromiso con la legalidad, la ética y la integridad institucional, subrayando que este organismo constitucionalmente autónomo no tolerará actos de corrupción ni conductas contrarias al servicio público dentro de ninguna de sus unidades administrativas.
Asimismo, la institución informó que, en el marco de una reestructuración y fortalecimiento interno, se llevaron a cabo cambios en cargos de alto nivel en distintas áreas sustantivas. Entre los movimientos destacan los realizados en las siguientes fiscalías:
- Fiscalía de Investigación Metropolitana
- Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Secuestro y Extorsión
- Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia
La dependencia aclaró que estos cambios obedecen a renuncias voluntarias de los titulares por motivos personales y profesionales, y no están relacionados con actos de corrupción. Todas las sustituciones se realizaron conforme a los procedimientos administrativos internos establecidos.
De igual manera, se anunció la designación de nuevos titulares en las siguientes unidades administrativas:
- Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción
- Fiscalía Regional
- Coordinación General de Investigación
Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Puebla ratificó su compromiso con la transparencia, la eficiencia institucional y el fortalecimiento de las capacidades operativas para garantizar el acceso a la justicia y la atención oportuna a la ciudadanía.
