La justicia federal de Estados Unidos volvió a poner freno a las decisiones políticas del expresidente Donald Trump. El juez Lewis Kaplan, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, bloqueó de manera permanente la revocación de 34 millones de dólares destinados a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), fondos esenciales para fortalecer la seguridad y prevenir actos de terrorismo en el sistema de transporte más grande del país.
El magistrado calificó la medida como “arbitraria, caprichosa y una flagrante violación de la ley”, al considerar que la administración republicana pretendía castigar a Nueva York por sus políticas de protección a migrantes indocumentados, a las que ha denominado como propias de una “ciudad santuario”. La resolución obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a liberar los recursos del Programa de Subvenciones para la Seguridad del Tránsito (TGSP), originalmente asignados para el año fiscal próximo.
Un fallo con ecos del 11-S
En su decisión de 28 páginas, Kaplan recordó que los fondos del TGSP se originaron tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, con el propósito de fortalecer la capacidad antiterrorista de las principales urbes del país. “El interés público se vería gravemente afectado si se perdieran estos recursos”, subrayó el juez, al enfatizar que las asignaciones deben basarse en criterios de riesgo y vulnerabilidad, no en afinidades políticas o conflictos ideológicos.
El fallo también destaca que la MTA no depende de la ciudad de Nueva York, sino que es una corporación pública del Estado con su propia estructura administrativa. “La MTA no es un instrumento de la ciudad de Nueva York”, afirmó el magistrado, rechazando el argumento de la Casa Blanca que vinculaba los fondos a la política migratoria municipal.
Una victoria para la seguridad pública
La gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James celebraron la resolución como una “victoria para los neoyorquinos”. En un comunicado conjunto afirmaron: “Una vez más, los tribunales han recordado que ninguna administración puede castigar a Nueva York despojándola de los recursos que mantienen seguros a millones de pasajeros cada día”.
La decisión sienta un precedente importante en la disputa entre la Casa Blanca y los gobiernos locales considerados “santuarios”. Con ella, el sistema de transporte más transitado del país garantiza la continuidad de un fondo clave para su seguridad y reafirma el principio de que las políticas públicas deben regirse por la ley, no por represalias políticas.
