Una investigación periodística publicada este 22 de mayo de 2026 por Milenio reveló que presuntos recursos vinculados al Cártel de Sinaloa habrían sido utilizados para financiar campañas electorales municipales en Morelos durante el proceso electoral de 2024, sin que fueran detectados por los mecanismos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con la publicación, el esquema operó principalmente en los municipios de Atlatlahucan y Cuautla mediante pagos en efectivo, evitando transferencias bancarias o movimientos financieros que pudieran ser rastreados por las autoridades electorales.
Según la investigación, el dinero habría sido utilizado para cubrir gastos de propaganda, eventos políticos, movilización de operadores y presunta compra de votos, aunque dichos recursos nunca aparecieron en los reportes oficiales entregados por partidos y candidatos ante el INE.
La estrategia permitió que los informes de fiscalización no reflejaran irregularidades visibles, pues no existieron depósitos sospechosos, triangulación financiera ni gastos bancarizados que alertaran sobre un posible financiamiento ilícito.
El reportaje relaciona estos hallazgos con la llamada “Operación Enjambre”, encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la cual han sido detenidos alcaldes y exalcaldes de Morelos señalados por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.
Entre los municipios bajo investigación se encuentran precisamente Atlatlahucan y Cuautla, donde autoridades federales indagan posibles acuerdos entre actores políticos y el Cártel de Sinaloa para obtener protección institucional, control territorial e impunidad a cambio de apoyo económico en campañas.
El caso reavivó el debate nacional sobre la infiltración del crimen organizado en procesos electorales y las limitaciones del sistema de fiscalización electoral para detectar recursos ilícitos cuando se manejan fuera del sistema financiero formal.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció recientemente que enviará al Congreso una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, órgano que tendría la función de revisar perfiles con posibles nexos criminales antes de que puedan competir en elecciones.
La propuesta busca fortalecer los filtros de seguridad y evitar que personas presuntamente ligadas a organizaciones delictivas accedan a cargos públicos rumbo al proceso electoral de 2027.
La publicación de Milenio ha generado reacciones en distintos sectores políticos y sociales, al considerar que el caso exhibe la vulnerabilidad de las campañas municipales frente al financiamiento del narcotráfico y pone en duda la efectividad de los actuales mecanismos de vigilancia electoral.
