La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio un paso significativo en la atención a personas desaparecidas, al identificar y entregar a sus familiares el cuerpo de un hombre originario de Guerrero, reportado como desaparecido desde 2019. El procedimiento incluyó la exhumación del cadáver que permanecía sin identificar en el panteón de La Piedad, en la capital poblana, y forma parte del programa de Identificación Humana impulsado por la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt.
Este avance fue posible gracias al convenio de colaboración firmado por la FGE con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual la Fiscalía poblana obtuvo equipamiento especializado para la toma de huellas dactilares de cadáveres no identificados.
Desde abril de 2025, la dependencia inició la digitalización de huellas y su envío al INE, institución que comparó 443 registros contra la base de datos del padrón electoral. Como resultado, se obtuvieron 220 coincidencias, mismas que fueron confirmadas por peritos forenses antes de generar información adicional como nombres, fotografías y domicilios asociados.
Gracias a este proceso de identificación, la Fiscalía estatal ha creado un micrositio de consulta pública en sus portales institucionales (fiscalia.puebla.gob.mx y puebla.gob.mx), en donde la ciudadanía puede verificar si alguno de los cuerpos identificados corresponde a una persona desaparecida.
El Instituto de Ciencias Forenses, a cargo de Alejo Carpio Ríos, ejecutó la exhumación por instrucciones directas de la titular de la Fiscalía. El cuerpo en cuestión correspondía a un hombre que había sido resguardado sin identificar en el Centro de Resguardo del SEMEFO. Al conocerse su identidad y contactar a la familia, se procedió con la entrega oficial.
Este mecanismo ha permitido a más de 60 familias acudir al Servicio Médico Forense para confirmar identidades, con base en la información del micrositio. Hasta ahora, se han entregado seis cuerpos a sus familiares y se espera que la cifra continúe en ascenso conforme se desarrollen más cotejos.
El caso representa un ejemplo concreto de coordinación institucional entre una fiscalía local, un organismo electoral nacional y un ente de cooperación internacional. El objetivo es reducir el número de cuerpos sin identificar y ofrecer a las familias la posibilidad de cerrar un ciclo de incertidumbre.
Además del alivio que representa para los seres queridos, este programa fortalece la confianza pública en las instituciones forenses y contribuye al combate contra la crisis de desapariciones en México, donde miles de personas permanecen sin ser localizadas o identificadas.
La FGE reiteró su compromiso de ampliar este esfuerzo en todo el estado, priorizando a los cuerpos resguardados desde hace más tiempo y con mayor probabilidad de identificación. La labor conjunta con el INE, por su acceso al padrón electoral, y con el UNFPA, por su experiencia en derechos humanos, permite trazar un camino institucional sólido para enfrentar este desafío humanitario.
