Tras semanas de bloqueos carreteros y tensiones entre productores y autoridades, el Gobierno de México alcanzó un acuerdo con agricultores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, quienes exigían precios justos para su cosecha ante la caída del valor del grano en el mercado nacional.
El pacto, anunciado por el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Julio Berdegué, contempla un apoyo económico de 950 pesos por tonelada, mejoras en créditos y seguros agropecuarios, y la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz, que busca estabilizar los precios y evitar futuras crisis de sobreproducción.
El conflicto surgió luego de que un aumento en la producción nacional y la entrada de grano importado —principalmente desde Estados Unidos— provocaran una baja significativa en el precio del maíz. Actualmente, el valor promedio se ubica alrededor de 3 mil 400 pesos por tonelada, cifra que, según los productores, no cubre los costos de producción, estimados en más de 4 mil pesos por tonelada.
“No queremos subsidios, queremos precios justos”
La situación detonó protestas en distintos estados del país y bloqueos carreteros que afectaron el tránsito y la distribución de mercancías.
“Llevamos meses perdiendo dinero. El precio que nos pagan no alcanza ni para cubrir los fertilizantes ni el diésel. No queremos subsidios, queremos un precio justo por nuestro trabajo”, expresó Juan Carlos Ramírez, productor de maíz de Guanajuato, tras conocer los términos del acuerdo. Otros agricultores del Bajío coincidieron en que, aunque el apoyo es un avance, “no soluciona el problema estructural” del mercado del maíz en México.
Detalles del acuerdo con el Gobierno
De acuerdo con el convenio firmado entre autoridades y representantes del sector, el subsidio se aplicará exclusivamente a productores del Bajío con hasta 20 hectáreas de superficie cultivada y una producción mínima de 200 toneladas, lo que beneficiará a 1 millón 410 mil toneladas de maíz.
Además, se mejorarán las condiciones del programa de crédito Cosechando Soberanía y todos los beneficiarios contarán con seguro agropecuario. También se establecerán precios de referencia antes de la siembra y acuerdos directos de comercialización entre productores y la industria harinera, para reducir la especulación.
El subsecretario Berdegué destacó que el propósito del acuerdo es proteger la economía de los agricultores sin afectar a los consumidores finales.
“Estamos construyendo un nuevo modelo de comercialización que brinde certidumbre a quienes producen y evite abusos en la cadena de valor. No podemos permitir que los campesinos sigan siendo los más golpeados por las fluctuaciones del mercado”, señaló el funcionario.
El maíz: base alimentaria y motor económico
Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), México produce cada año entre 25 y 27 millones de toneladas de maíz, siendo Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México los principales estados productores.
El maíz es el cultivo más importante del país: ocupa más del 30% de la superficie agrícola y constituye la base de la alimentación nacional. Pese a su relevancia, México también importa entre 16 y 18 millones de toneladas de maíz amarillo, principalmente para uso pecuario e industrial.
El maíz no solo tiene peso cultural, sino también económico. El sector agrícola aporta alrededor del 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con datos del Banco Mundial, y genera empleo directo e indirecto para millones de personas, especialmente en zonas rurales.
Voces del campo: entre la esperanza y la desconfianza
Durante las protestas, los productores del Bajío advirtieron que, sin intervención gubernamental, muchos tendrían que abandonar la siembra. En respuesta, el Gobierno federal y los estados acordaron implementar un sistema de precios de referencia antes de la siembra, así como mecanismos de acuerdos directos de comercialización con la industria.
“El maíz es un pilar de nuestra soberanía alimentaria. Este acuerdo es un primer paso para corregir un modelo que por años ha dejado fuera a los pequeños productores. No es el final del camino, pero sí una ruta hacia un mercado más justo y sostenible”, subrayó Berdegué.
Pese a la firma del acuerdo, varios líderes campesinos advirtieron que mantendrán vigilancia sobre su cumplimiento y que las movilizaciones podrían reanudarse si los apoyos no se materializan en los próximos meses. “La palabra del gobierno tiene que cumplirse en los hechos. No queremos más promesas, queremos soluciones que lleguen al campo”, señaló María López, productora de maíz en Michoacán.
Un reto estructural para el campo mexicano
El desafío, coinciden analistas, será convertir el acuerdo en una política pública de largo plazo que equilibre los intereses de los productores, la industria y los consumidores, y que reduzca la dependencia de importaciones.
Mientras tanto, los agricultores del Bajío esperan que las nuevas medidas permitan recuperar la rentabilidad de un cultivo que, además de ser el corazón de la dieta mexicana, es símbolo de su identidad y sustento de millones de familias rurales.
