El Gobierno de Puebla ya entabló negociaciones formales con la familia Abed Rouanett, concesionaria del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, para redefinir las condiciones financieras de un contrato que mantiene comprometidos más de 4 mil 300 millones de pesos de recursos públicos.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, confirmó que se instaló una mesa de diálogo con los empresarios responsables del proyecto, quienes ya presentaron una propuesta inicial que actualmente es analizada por la administración estatal.
Explicó que el adeudo vigente asciende a aproximadamente 4 mil 350 millones de pesos, con un esquema de pagos que se extiende hasta el año 2037 de no encontrar una renegociación de dicha deuda adquirida en el morenovallismo.
De acuerdo con el funcionario, una eventual terminación anticipada del contrato tendría un impacto cercano a 2 mil 500 o 3 mil millones de pesos, por lo que el gobierno evalúa distintas rutas para reducir la carga financiera.
El tema fue retomado recientemente por el gobernador Alejandro Armenta, quien cuestionó el modelo bajo el cual se construyó y financió el CIS, al señalar que el inmueble fue concebido con un costo mucho menor al monto que el estado ha terminado pagando.
Detalló que, aunque el proyecto se estimó inicialmente en alrededor de mil 500 millones de pesos, hasta ahora se han cubierto más de 2 mil 600 millones, sin que ello signifique liquidar la deuda.
Por tanto, el mandatario estatal dejó en claro que su administración no continuará realizando pagos mientras no se revisen a fondo los contratos que dieron origen al esquema financiero. Asimismo, advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo que beneficie a las finanzas públicas, el estado podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se pronuncie sobre la legalidad de los compromisos heredados.
