La estrategia de prevención en materia de seguridad en la capital poblana y su zona metropolitana comenzó a mostrar sus primeros resultados tangibles, luego de que el Gobierno de Puebla reveló que hasta la fecha se han instalado 267 cámaras de vigilancia y conectado 115 botones de alertamiento en conjunto con la iniciativa privada, así como se han enlazado con el con el C5i un total de mil 052 alarmas vecinales en tres municipios.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, éstas tareas fueron realizadas por la dependencia a su cargo para dar una respuesta más rápida ante emergencias y mejorar las tareas de prevención del delito.
Detalló que, en el municipio de Puebla, hasta el momento se han instalado 840 alarmas vecinales, repartidas en 229 colonias y sus 17 juntas auxiliares, esto como parte del Pacto Social de Corresponsabilidad entre el gobierno estatal y la iniciativa privada.
El vicealmirante detalló que estas alarmas forman parte de una meta de mil proyectadas, mientras que al momento cuentan con un avance de más del 80 por ciento en su colocación.
A este proyecto también se sumaron los municipios de San Pedro Cholula y Cuautlancingo. En el primero, se contempla la instalación de 250 alarmas vecinales, de las cuales 109 ya fueron colocadas en ocho barrios y 13 juntas auxiliares. En el caso de Cuautlancingo, se han instalado 103 dispositivos en 27 colonias y tres juntas auxiliares, con la misma meta de colocación.
Además de la infraestructura instalada por el gobierno, el titular de la SSP detalló que han impulsado la vinculación de cámaras empresariales con el sistema estatal para una mayor coordinación.
Expuso que, entre el 17 de septiembre al 3 de octubre, se han conectado 267 cámaras de comercios y fraccionamientos al C5i y han colocado 115 botones de alertamiento en espacios privados y establecimientos afiliados a organismos como la Coparmex y la Canirac.
En el caso de Canirac, el gobierno de Alejandro Armenta atendió 47 establecimientos, al instalar el mismo número de botones de alertamiento y vincular 16 cámaras; mientras que Coparmex sumó 251 cámaras al sistema, con la instalación de 68 botones y la atención a 68 colonias y fraccionamientos.
En total, expuso Francisco Sánchez, más de 500 de estas alarmas ya están plenamente vinculadas al sistema estatal C5i para permitir una comunicación inmediata con las autoridades de seguridad.
El funcionario señaló que las alarmas vecinales han tenido buena respuesta de la ciudadanía y que cada vez más fraccionamientos solicitan su incorporación.
A la par, Sánchez González expuso que mantienen acciones permanentes como visitas en fraccionamientos y colonias, revisión de la conexión a los sistemas de videovigilancia y de la compatibilidad de los sistemas de monitoreo con la tecnología del C5i para sumar más cámaras a la red.
“Agradezco la disposición de los empresarios, así como de los ciudadanos que con sentido de corresponsabilidad se han sumado de manera activa a las estrategias que impuso el gobierno del estado. Es fundamental avanzar con paso firme en la construcción de entornos seguros y la reconstrucción del tejido social”, expresó.
Por otro lado, apuntó que un componente adicional del plan de seguridad será la instalación de cámaras en tramos carreteros de la México-Puebla: Sánchez González mencionó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya autorizó el proyecto para colocar 218 cámaras de videovigilancia en 60 tramos de la autopista.
Verifican empresas de seguridad privada
Por otro lado, el vicealmirante dio a conocer que en Puebla operan 246 empresas de seguridad privada, de las cuales más de 140 ya han sido verificadas por la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) como parte de una revisión integral para garantizar que sus servicios se apeguen a la ley.
El funcionario explicó que la mayoría de estas empresas presentan irregularidades, principalmente relacionadas con el incumplimiento de requisitos legales y deficiencias en las condiciones laborales de su personal.
A pesar de ello, sostuvo que, para no afectar directamente a los trabajadores, se les otorgó un plazo de 60 días para regularizar su situación y subsanar las inconsistencias encontradas.
Asimismo, el funcionario recordó que la regulación de este sector es prioritaria, ya que una parte importante de la seguridad privada opera en espacios comerciales, residenciales y empresariales.
