La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó categóricamente que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se haya establecido un pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto.
La afirmación responde a señalamientos de la oposición que han cobrado fuerza tras revelarse que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación por un supuesto soborno de 25 millones de dólares que habría recibido el exmandatario para autorizar el uso del software espía Pegasus.
“Es más, hubo una consulta pública sobre si se juzgaba a los expresidentes. No alcanzó el número suficiente de votos, pero hubo una consulta”, subrayó Sheinbaum, quien insistió en que no existió ningún acuerdo para evitar investigaciones.
En esa misma línea, enfatizó que su administración tiene una orientación distinta: “Lo que dijo entonces el presidente López Obrador es público, pero a nosotros nos interesa de aquí en adelante”.
Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria también deslindó a su administración de las decisiones tomadas por la FGR en el sexenio pasado. Al ser consultada sobre la falta de resultados judiciales en torno a las denuncias contra Peña Nieto, Sheinbaum recalcó que corresponde a la Fiscalía explicar por qué algunas investigaciones no prosperaron.
“El fiscal y la fiscalía, o los fiscales que ven estos temas, pues son los encargados de explicar con más detalle este tema”, dijo en referencia directa a Alejandro Gertz Manero.
Sobre el caso específico de Pegasus, se sabe que el sistema fue adquirido en el sexenio peñista y utilizado presuntamente para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
Aunque López Obrador se comprometió a no utilizar mecanismos de espionaje en su gobierno, diversas organizaciones han criticado que no se haya esclarecido del todo el uso de ese software en años anteriores, ni las posibles responsabilidades penales.
La presidenta fue enfática en deslindar a su gobierno de cualquier ejercicio de venganza política. Aseguró que la prioridad está en garantizar justicia sin revanchismos ni pactos oscuros. “No hubo pacto de impunidad”, reiteró.
También aprovechó para responder a los señalamientos del expresidente Vicente Fox, a quien acusó de haber traicionado a la democracia al intentar frenar la candidatura de López Obrador en 2006 mediante el proceso de desafuero.
“Fue una traición tremenda con el desafuero, inventando un delito al entonces jefe de Gobierno, para que no participara en la elección”, denunció. Añadió que Fox fue parte del fraude electoral de ese año y sostuvo que las promesas de su sexenio quedaron incumplidas.
Las palabras de Sheinbaum ocurren en un contexto de creciente presión sobre las instituciones de procuración de justicia. Mientras avanza el debate público sobre la necesidad de revisar el pasado presidencial, la actual administración insiste en que no hubo acuerdos extralegales.
Sin embargo, la falta de avances judiciales contra expresidentes mantiene vigente la percepción de que los exmandatarios aún gozan de protección institucional.
La presidenta cerró su intervención reiterando que serán las instituciones las que definan si existen elementos suficientes para reabrir o impulsar los expedientes en curso. A su juicio, el tema debe ser conducido desde el ámbito judicial, sin presiones políticas ni lecturas partidistas.
