En la maña lo conocen como El Patuleco. Un jefe criminal que lo mismo ofrecía servicios de robo de camiones de carga como forzar a mujeres a prostituirse a cambio de drogas. En su ambición, encontró un suculento nicho de mercado: enrolar a jóvenes para que se desempeñaran como halcones y/o formar parte de su estructura de narcomenudeo.
Pero para el aparato de seguridad e inteligencia de Puebla, El Patuleco era algo más que un criminal. Era, quizás, el principal responsable de que las desapariciones de personas tomaran un giro siniestro al cargar en hombros líneas de investigación de entre 10 y 20 seres humanos que un día se esfumaron de la faz de la tierra.
El Patuleco era sagaz. Una y otra vez burló a la autoridad, hasta que el 7 de junio pasado su suerte cambiara radicalmente. Un operativo en el que participó la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Marina y la Secretaría de Seguridad Pública derivó en su captura.
Y fue ahí que el castillo de naipes se vino abajo.
Las labores de inteligencia revelaron que El Patuleco tenía mucho margen de maniobra porque contaba con la protección de Alejandro N., el corrupto comandante de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas que decidió vender sus servicios como guarura.
El comandante era el encargado de intimidar, amenazar y acosar a aquellas personas o familiares que se atrevieran a hacer un señalamiento contra el criminal.
Esta protección era bastante entendible. Este martes, la fiscal Idamis Pastor Betancourt confirmó el hallazgo de más restos humanos en dos cateos recientes en predios vinculados con El Patuleco, uno de ellos con fachada de centro de rehabilitación, ya habían sido intervenido por las autoridades tras la captura del presunto delincuente.
Los restos localizados se encuentran bajo análisis en el Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar su identidad, aunque hasta el momento, las víctimas no han sido reconocidas.
El otro rostro del crimen
El golpe a la red de El Patuleco no se limita a su captura. La investigación arrastró consigo un efecto dominó dentro de la propia Fiscalía General del Estado. El 28 de julio cayó uno de sus presuntos protectores: Alejandro Macuil N., acusado de intimidar a un ciudadano para evitar que denunciara al criminal.
Macuil no actuaba en la sombra. Según la carpeta judicial, se presentó armado en la vivienda de Teófilo H., presionándolo para guardar silencio sobre la operación de un falso anexo en Coronango que, bajo fachada de centro de rehabilitación, habría servido como centro de reclutamiento y posible ejecución de víctimas.
Tras su detención, al menos cuatro agentes ministeriales más presentaron su renuncia. Aunque la fiscal Idamis Pastor Betancourt aseguró que no existen carpetas abiertas contra ellos, la salida masiva alimentó recientemente sospechas de una depuración silenciosa en las áreas más sensibles de investigación de personas desaparecidas.
“Son libres las personas de irse si no se sienten a gusto en un trabajo, nosotros no tenemos ninguna denuncia o línea de investigación hasta el momento que los relacione”.
Desde hace meses, colectivos como Voz de los Desaparecidos en Puebla habían advertido sobre la conducta de Macuil: frenar reportes urgentes, retrasar operativos y hasta entorpecer cateos con información ya verificada por las familias.
En paralelo, las diligencias en torno a Federico N. avanzaron con distintos hallazgos. El segundo cateo a su domicilio desde el 16 de julio arrojó restos humanos y evidencias de que él y su esposa incineraban cadáveres en un horno de ladrillos antes de enterrar fragmentos óseos en el mismo predio o arrojarlos a un río cercano.
Los testimonios recabados por autoridades revelan un patrón de captación de víctimas: mujeres forzadas a prostituirse a cambio de droga y hombres obligados a trabajar como halcones o vendedores, mientras que, cuando dejaban de ser útiles, desaparecían sin dejar rastro.
La detención de su esposa, Carla N., y de una menor de 17 años, hija del presunto jefe, en posesión de drogas y dinero, así como la captura de otros dos integrantes de la célula, apuntan a que la red criminal operaba no solo en Coronango, sino también en San Pedro y San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Puebla capital.
Algunas fichas de búsqueda comenzaron a circular en redes sociales tras el hallazgo de la fosa, pero los familiares aseguran que la autoridad no los ha contactado para confirmar si sus seres queridos podrían estar entre las víctimas y exigieron que los análisis forenses se aceleren.
Apenas este 7 de agosto, una de las 10 personas vinculadas al caso del criminal El Patuleco, fue identificada en el Servicio Médico Forense (Semefo). Se trata de Mario Jesús Castillo Tello, joven reportado como desaparecido desde 2024, cuyos restos ya fueron entregados a sus familiares, lo que permitió desactivar la ficha de búsqueda en su caso.
Mario Jesús, de 25 años, desapareció en diciembre de 2024 en el barrio de San Matías Cocoyotla, en San Pedro Cholula y su cuerpo estuvo en el anfiteatro municipal desde principios de este año, pero fue hasta el 6 de agosto que su hermano acudió al Semefo para identificar y reclamar los restos.
El joven era recolector de material reciclable y según investigaciones, tenía relación con El Patuleco y otros miembros de su estructura criminal. Hoy, al menos una decena de familias siguen esperando la identificación de los cuerpos para dar justa sepultura a sus seres queridos.
