La entrega de 26 jefes criminales a Estados Unidos fue, según el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, un operativo “en estricto apego” a la Ley de Seguridad Nacional, específicamente a su artículo quinto. Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad federal, el funcionario destacó que no se trató de un procedimiento de extradición ordinario, sino de una medida excepcional en defensa de la población mexicana y de la soberanía nacional.
El operativo incluyó a figuras como Abigael González Valencia, alias El Cuini, considerado cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación; Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder de los Caballeros Templarios; y Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix, yerno de Ismael Mayo Zambada, uno de los máximos dirigentes del Cártel de Sinaloa. También fueron enviados integrantes vinculados a Los Chapitos, lugartenientes de grupos armados del Cártel de Tijuana y del Cártel del Golfo.
Gertz Manero subrayó que no habrá “ningún obstáculo legal” para impedir acciones como esta, que calificó de “mensaje fundamental” a las redes criminales que operan contra México y Estados Unidos. Añadió que la coordinación con Interpol fue clave para concretar el traslado, que partió de la Base Aérea Militar Número 1 en 11 aeronaves hacia aeropuertos de Nueva York, California, Arizona y Virginia.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que participaron 988 elementos de la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y la propia secretaría, además de 90 vehículos. Rechazó que la entrega obedeciera a presiones del presidente Donald Trump y aseguró que fue “una decisión soberana alineada con la estrategia nacional contra la extorsión y la violencia”.
Según García Harfuch, varios de los criminales extraditados habían obtenido amparos para evitar traslados a prisiones de máxima seguridad, estaban por ser enviados a penales estatales o incluso cerca de recuperar su libertad. “Habría sido un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas”, advirtió.
Pam Bondi, fiscal general estadounidense, agradeció la cooperación de México y afirmó que los 26 acusados enfrentarán cargos por narcotráfico, secuestro, homicidio, tráfico de personas, uso ilegal de armas y lavado de dinero, con penas que van desde 45 años de prisión hasta cadena perpetua. La mayoría está vinculada al tráfico de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína.
La entrega se produce en un momento de tensiones diplomáticas. Días antes, el diario The New York Times reveló que Trump habría instruido al Pentágono explorar una eventual intervención militar en México para combatir a los cárteles. Aunque el Gobierno mexicano rechazó la posibilidad y negó cualquier injerencia, la coincidencia temporal avivó las interpretaciones políticas sobre el operativo.
Gertz Manero advirtió que este no será el último envío de capos a territorio estadounidense. “Vamos a seguir adelante para defender a nuestra población y la soberanía de nuestros países”, dijo. El Gabinete de Seguridad confirmó que, si es necesario, habrá más traslados en las próximas semanas.
