La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este 6 de agosto al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
De acuerdo con la autoridad federal, el exmandatario fue capturado en Tepotzotlán, Estado de México, y posteriormente trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 «Altiplano», donde enfrentará el proceso correspondiente.
La FGR informó que a Aguirre Rivero se le imputan los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada, como parte de una nueva línea de investigación derivada del reanálisis de la carpeta del caso.
La fiscal general, Ernestina Godoy, explicó que la detención se sustenta en nuevos testimonios recabados durante enero y mayo de 2026, entre ellos el de un testigo protegido, los cuales permitieron fortalecer la investigación.
Según las indagatorias, el exgobernador habría ordenado, durante una reunión con integrantes de su administración, la destrucción o el ocultamiento de las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, específicamente las identificadas como cámaras 12 y 15.
Esas videograbaciones presuntamente registraban la detención de uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron interceptados por policías municipales y estatales.
Durante años, la versión oficial sostuvo que dichos videos no existían debido a supuestas fallas técnicas; sin embargo, la FGR considera ahora que esa explicación fue falsa y forma parte de las acciones para ocultar evidencia.
Ángel Aguirre Rivero era gobernador de Guerrero cuando ocurrieron los hechos y dejó el cargo en octubre de 2014 tras solicitar licencia en medio de la crisis política generada por la desaparición de los estudiantes. El exmandatario siempre ha rechazado haber ordenado manipular pruebas relacionadas con el caso.
Por su parte, los padres de los 43 normalistas señalaron que no fueron informados previamente sobre la detención del exgobernador.
