El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la Fiscalía General de la República será la instancia encargada de determinar si procede una investigación contra el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, a quien describió como “ubicable” conforme a los reportes con los que cuenta el gobierno federal.
Durante un encuentro con medios de comunicación este martes 13 de octubre, en la Ciudad de México, el funcionario fue cuestionado sobre la situación del empresario, así como sobre las acciones de inteligencia y cooperación internacional relacionadas con su localización.
Harfuch respondió que los últimos informes indican que Olán Aparicio puede ser localizado, aunque evitó proporcionar detalles sobre su ubicación actual o confirmar que exista una operación para detenerlo.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también abordó las preguntas relacionadas con grabaciones en las que presuntamente aparecen referencias al empresario y a su hermano Luis Alberto en conexión con Iván Cazarín Molina, conocido como “El Tanque”, señalado como presunto integrante del CJNG.
Sobre este punto, el secretario explicó que cualquier posible relación deberá esclarecerse mediante las investigaciones ministeriales y que corresponde a la FGR comunicar si los datos disponibles justifican nuevas actuaciones o la incorporación de personas a una carpeta.
Olán Aparicio ha sido mencionado en reportajes sobre contratos públicos, presunto tráfico de influencias y posibles irregularidades relacionadas con proyectos federales desarrollados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. También ha sido objeto de cuestionamientos por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán.
Sin embargo, las declaraciones del secretario no confirmaron que el empresario haya cometido algún delito, ni acreditaron la existencia de una orden de aprehensión en su contra. Tampoco se anunció una detención ni se precisó oficialmente su paradero.
La definición sobre una eventual investigación corresponde a las autoridades ministeriales, que deberán establecer si existen elementos suficientes para proceder y, en su caso, determinar las responsabilidades conforme a la ley.
