En lo que se perfila como una acción pactada, 17 familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán se entregaron de forma voluntaria a agentes del FBI en el cruce fronterizo de San Ysidro. El grupo estaba compuesto por parientes directos de Ovidio Guzmán López, entre ellos su madre Griselda López Pérez, una hija, un nieto y varios sobrinos. Todos arribaron desde México con equipaje y una suma conjunta de 70 mil dólares en efectivo, según reportó el periodista Luis Chaparro.
El ingreso se habría registrado entre el viernes 9 y el domingo 11 de mayo, días después de que un tribunal federal en Illinois suspendiera la audiencia del 12 de mayo en la que Ovidio Guzmán modificaría su declaración. La nueva fecha se fijó para el 9 de julio. Chaparro aseguró que el capo solicitó expresamente al gobierno estadounidense que su familia fuera trasladada a ese país como condición para colaborar en su causa penal. Las imágenes compartidas muestran a los familiares cruzando la frontera y siendo recibidos por personal de seguridad federal.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su administración no ha recibido información oficial sobre la entrega de los familiares y que solo cuenta con lo publicado en medios. Por ello, instruyó a la Fiscalía General de la República a pedir informes al Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Por haber sido extraditado, deben estar enviando información de manera permanente”, señaló la mandataria. Añadió que será la FGR la encargada de comunicar cualquier detalle que reciba.
La familia de Guzmán Loera representa una parte clave de la red logística y operativa del Cártel de Sinaloa. Su entrega se interpreta como un golpe estratégico al círculo cercano de Los Chapitos. Además de Ovidio, los hermanos Jesús Alfredo, Iván Archivaldo y Joaquín Guzmán López están en la lista de los más buscados por Estados Unidos, todos vinculados al trasiego de fentanilo. Las recompensas por su localización alcanzan los 10 millones de dólares.
Desde la captura y extradición de El Chapo en 2017, el gobierno estadounidense ha centrado sus esfuerzos en desmantelar la estructura que lo sucedió, enfocando las operaciones en la familia inmediata y sus colaboradores más cercanos. La posible incorporación de Ovidio Guzmán al programa de testigos protegidos podría abrir nuevas líneas de investigación que afecten a otras figuras del crimen organizado en México.
