Lo que comenzó como una denuncia interna presentada hace casi dos años por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, terminó con la desarticulación de una de las redes de huachicol más grandes que hayan operado en el país. Se trata de un grupo de 14 detenidos en donde figura su propio sobrino político, Manuel Roberto Farías Laguna.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de 14 personas, entre ellas empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y exfuncionarios de aduanas, quienes presuntamente conformaban un entramado criminal para el tráfico ilegal de hidrocarburos en Tamaulipas y otros estados.
La operación, explicó, fue resultado de un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el respaldo de la Sedena y la Guardia Nacional.
Expuso que, lo que en un inicio parecía un caso aislado derivó en la identificación de un esquema que, con apoyo de documentación apócrifa, permitió el ingreso de al menos 31 buques de combustible entre abril de 2024 y marzo de 2025.
“El pasado mes de marzo informamos un operativo realizado en coordinación con la FGR, Semar, Sedena, Guardia Nacional y SSPC para desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburo. Se decomisaron más de 190 contenedores, tractocamiones y remolques, además de 10 millones de litros de diésel. Este aseguramiento dio inicio a una serie de trabajos de inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades”, señaló.
2 años de investigación
En tanto, el fiscal general Alejandro Gertz Manero recordó que la investigación comenzó en 2023, cuando Rafael Ojeda presentó información sobre presuntas irregularidades en aduanas marítimas.
“Hace casi dos años acudió ante la FGR el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. A partir de ese momento, nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo las íbamos a resolver”, explicó.
Expuso que, con ayuda de la UIF, el SAT y la Procuraduría Fiscal obtuvieron datos sobre movimientos financieros y patrimoniales que revelaron una red paralela de operaciones ilícitas.
El caso derivó en el congelamiento de cuentas millonarias, aseguramiento de propiedades y vehículos. Además, advirtió que aún existen órdenes de captura pendientes contra prófugos.
El golpe
El megaoperativo desplegado en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México permitió capturar a integrantes de esta red de robo de hidrocarburos, identificados como operadores centrales del esquema, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Lagunas, quien fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.
Las detenciones se suman al decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel realizado en Tampico en marzo de este año, considerado un parteaguas en la lucha contra el huachicol fiscal.
El almirante Raymundo Pérez Morales Ángeles, actual titular de Semar, apuntó que la institución no permitirá que la corrupción manche sus filas.
Reconoció que el involucramiento de personal naval fue un «golpe de timón” para la institución, pero insistió en que estos casos no representan a la totalidad de la Armada, la cual dijo, ha defendido por más de 200 años “los principios de honor, deber, lealtad y patriotismo”.
“Estos golpes de timón son necesarios para defender el compromiso con la sociedad, la transparencia y el Estado mexicano. Establecemos mecanismos para detectar malas prácticas y sancionarlas conforme a la ley. Protegemos a la institución sin excusar conductas individuales aisladas que vulneran la confianza ganada en más de 200 años de historia. Defender a la institución significa no permitir impunidad en ningún acto del servicio”, sostuvo.
Los nombres dados a conocer por las autoridades incluyen a Manuel Roberto N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Éndira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N.
Todos enfrentan cargos por delincuencia organizada, robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, además de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al presentar los avances, García Harfuch destacó que el operativo responde a la instrucción presidencial de combatir la corrupción sin excepciones ni privilegios y que, con varios prófugos aún por detener y líneas abiertas en Baja California y Tamaulipas, reconoció que el caso está lejos de cerrarse.
Vínculos con homicidios
De acuerdo con Reforma, la investigación también arrojó nexos con hechos violentos en el sector naval. Entre ellos, los asesinatos del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y de la auxiliar de la FGR Magaly Janet Nava Ramos, ocurridos en octubre y noviembre de 2024.
Ambos habrían denunciado irregularidades ligadas a los Farías Laguna y a las aduanas de Tampico y Altamira con el mismo modus operandi: dos motociclistas armados y un vehículo de apoyo, lo que reforzaría la hipótesis de que las ejecuciones buscaban silenciar investigaciones internas.
En el caso del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, denunció en junio de 2024 la existencia de una red de corrupción dentro de la Armada vinculada con las aduanas.
Según su escrito, dos capitanes operaban como intermediarios del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando, influyendo en nombramientos de personal y en la liberación de mercancías a cambio de favores o dinero.
La denuncia de Guerrero llegó a manos de la Secretaría de Marina y tras ser citado en octubre por el nuevo titular, Raymundo Pedro Morales, fue asesinado semanas después en Manzanillo.
La FGR sospecha que su muerte está relacionada con las revelaciones que hizo en esa carta, ya que solo personal de la Marina conocía el lugar y fechas de sus vacaciones.
De acuerdo con la investigación de dicho medio, la red criminal estaba encabezada por los hermanos Farías Laguna y se sostenía mediante una cadena de complicidades: capitanes que gestionaban ascensos y asignaciones en las aduanas, funcionarios que facilitaban trámites y enlaces civiles en puertos como Tampico, con el objetivo de asegurar el control del movimiento de combustibles y mercancías mediante documentación falsa y protección interna.
Guerrero también relató que recibió pagos de hasta 200 mil pesos mensuales como “bono” por parte del capitán Miguel Ángel Solano, lo que evidenciaba el uso de sobornos para mantener el control en aduanas estratégicas como Manzanillo, Pantaco y Veracruz.
Por otro lado, el reportaje refiere que la FGR sospecha sobre intentos de silenciar sus acusaciones y frenar su posible ascenso dentro de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), ya que representaba una amenaza para quienes dominaban esos espacios.
