El gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en el marco de una nueva estrategia de presión contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos, informaron a Reuters fuentes mexicanas cercanas al tema.
Aunque algunos casos se han dado a conocer públicamente, la investigación de Reuters revela que las cancelaciones son mucho más generalizadas de lo que se había informado previamente, afectando a miembros de distintos partidos, incluido el oficialista Morena.
“La administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”, señaló Earl Anthony Wayne, embajador estadounidense en México entre 2011 y 2015.
La medida ha generado una discreta conmoción en la élite política mexicana, dado que muchas de las personas afectadas viajan regularmente a Estados Unidos por motivos oficiales o personales. Hasta el momento, solo cuatro políticos han confirmado públicamente la pérdida de sus visas, incluida la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien negó categóricamente vínculos con el crimen organizado.
“Quitavisas”: la estrategia de EE. UU. en América Latina
La revocación de visas a políticos no es un hecho aislado. La administración de Trump ha adoptado una política similar en otros países de América Latina, afectando a figuras políticas y judiciales en Colombia, Brasil y Costa Rica.
El exembajador estadounidense Christopher Landau, apodado “El Quitavisas”, ha reconocido su tendencia a negar el acceso a Estados Unidos a quienes considera adversarios políticos o ideológicos. Por ejemplo, en septiembre de este año se retiró la visa del presidente colombiano, Gustavo Petro, tras declaraciones en Nueva York contra la política estadounidense, mientras que en Brasil más de 20 jueces y funcionarios de alto rango fueron afectados.
En México, estas revocaciones se concentran en políticos en funciones, un tema delicado en diplomacia, y generan preocupación sobre la percepción de que Estados Unidos podría estar investigando a los involucrados.
“Podría generar reacciones negativas, ya que la presidenta Sheinbaum considera que colaborar con Estados Unidos tiene un costo político demasiado alto”, señaló John Feeley, embajador estadounidense en Panamá de 2015 a 2018.
Sin explicaciones ni antecedentes claros
El Departamento de Estado estadounidense ha señalado que no necesita dar explicaciones para revocar una visa y que el umbral para hacerlo es mucho menor que para imponer sanciones o iniciar un proceso judicial.
“Las visas, incluidas las de funcionarios extranjeros, pueden ser revocadas en cualquier momento (por) actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado.
Funcionarios mexicanos consultados por Reuters afirmaron que la medida ha generado incertidumbre, ya que la mayoría de los afectados evita hablar públicamente por considerar que la revocación podría manchar su reputación.
Expertos en diplomacia señalan que administraciones anteriores han revocado visas, pero no en la magnitud observada ahora, lo que refleja la intención de la administración Trump de usar esta herramienta diplomática para objetivos estratégicos en materia de seguridad y presión política.
La revocación de visas se produce en medio de importantes negociaciones comerciales y de seguridad entre México y Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum ha colaborado con Washington en la persecución de cárteles de la droga, aunque ha condenado insinuaciones sobre posibles intervenciones militares unilaterales, argumentando que violarían la soberanía mexicana.
Analistas señalan que la medida refleja la creciente influencia de la inteligencia de la DEA en decisiones diplomáticas, ya que la designación de cárteles como organizaciones terroristas puede afectar directamente el estatus de visas de funcionarios vinculados a ellos.
