Entró en vigor el decreto que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, publicado el 16 de abril en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. El documento define la estrategia del Ejecutivo Federal para el desarrollo del país durante el sexenio.
La Cámara de Diputados aprobó el PND el 10 de abril con 343 votos a favor, 122 en contra y ninguna abstención. El documento fue enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 28 de febrero.
El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, solicitó remitir el acuerdo legislativo y el Plan al Ejecutivo para su publicación con formato de decreto y aplicación integral. Además, ordenó enviar las opiniones de las comisiones y observaciones individuales de las diputadas y diputados.
Según el acuerdo, la Cámara avaló el PND por cumplir con los fines del proyecto nacional previstos en la Constitución y por ajustarse al artículo 26, apartado A, de la Carta Magna, así como al artículo 21 de la Ley de Planeación.
El documento desarrolla un modelo de planeación orientado al bienestar, equidad social y desarrollo integral. Se organiza en cuatro ejes generales y tres transversales que estructuran la política pública nacional.
Los ejes generales son: Gobernanza con justicia y participación ciudadana, Desarrollo con bienestar y humanismo, Economía moral y trabajo, y Desarrollo sustentable. Los ejes transversales abordan la igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, la innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional y los derechos de comunidades indígenas y afromexicanas.
El PND incorpora un enfoque multidimensional del desarrollo, incluyendo aspectos sociales, ambientales, culturales, regionales y tecnológicos. Plantea una economía moral con derechos laborales, seguridad social, salarios dignos y vivienda justa, así como políticas de salud universal, educación gratuita y justicia climática.
También establece como prioridades el Sistema Nacional de Cuidados, la transición energética justa, el fortalecimiento del IMSS-Bienestar, la reforma al Poder Judicial, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y el respeto a los derechos humanos.
El Plan incluye una visión de largo plazo mediante el apartado «Plan México», que proyecta estrategias a veinte años. Entre sus objetivos destacan el fortalecimiento de la soberanía energética, la industrialización, la transición tecnológica y la infraestructura ferroviaria y logística.
Durante su formulación se realizaron 57 foros estatales y un foro nacional indígena, con participación de más de 50 mil personas, incluyendo representantes de los 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Esta metodología se presentó como garantía de legitimidad democrática.
El PND señala los mecanismos de ejecución, con responsables institucionales, indicadores de seguimiento, políticas de gasto bajo criterios de austeridad republicana, y cumplimiento con el artículo 134 constitucional, que exige racionalidad en el uso de los recursos públicos.
