El Gobierno de Puebla mantiene vigente una deuda cercana a los mil millones de pesos derivada de laudos laborales heredados de gestiones anteriores, principalmente por despidos injustificados de trabajadores ocurridos entre 2011 y 2017, durante las administraciones de Rafael Moreno Valle y Tony Galy, confirmó el coordinador de gabinete, José Luis García Parra.
El funcionario detalló que estos pasivos corresponden a demandas promovidas por exservidores públicos que exigieron la reinstalación en sus cargos y el pago de salarios caídos, lo que genera una presión financiera significativa para la actual administración.
Expuso que hasta el momento se han erogado en la administración 110 millones de pesos para cumplir con el pago de aquellos litigios en donde la sentencia no fue a favor de la autoridad.
“Son despidos que se dieron en otras administraciones, la gran mayoría fueron entre el 2011 y el 2016, donde se despidieron a empleados y empleadas de la administración estatal, no recibieron una justificación y emprendieron un litigio en contra del gobierno del estado, exigiendo, desde luego, pago de salarios caídos y su reinstalación”.
El coordinador del gabinete estatal indicó que aún existen procesos judiciales pendientes, por lo que el gobierno se encuentra revisando cada expediente para evitar pagos indebidos y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable.
Apuntó que el objetivo de la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier es sanear los compromisos financieros heredados, al tiempo que previenen que este tipo de conflictos laborales se repitan en el futuro.
“Hay, desde luego, algunas sentencias ejecutorias que ya es imposible que el gobierno del estado evite y es lo que nos obliga a la administración a responder y a erogar estos recursos públicos”.
