El Gobierno del Estado de Puebla reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos al interior del sistema penitenciario, tras una jornada de protestas encabezada por un grupo de ciudadanos en el Periférico Ecológico y las inmediaciones del penal de San Miguel. Las movilizaciones denunciaban supuestos actos fuera de la ley por parte del personal penitenciario, ante lo cual la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) negó que existan registros de abusos, pero informó que abrirá una investigación interna.
La dependencia señaló que no ha recibido quejas formales de personas privadas de la libertad (PPLs) ni de sus familiares, aunque mantendrá abiertos los canales institucionales para recibir cualquier denuncia documentada. Asimismo, reiteró que las condiciones en los Centros de Reinserción Social se rigen por un marco de legalidad que privilegia el respeto a los derechos humanos, y que toda acusación debe ser sustentada en pruebas para su debido seguimiento.
Durante la manifestación, los inconformes acusaron presuntos actos de violencia, incomunicación y tratos indignos hacia personas recluidas. Algunas pancartas hacían referencia a supuestos traslados irregulares, extorsiones y amenazas dentro del penal. La SSP reconoció la protesta como un derecho de libre expresión, pero sostuvo que hasta el momento no existe evidencia concreta que sustente tales afirmaciones ante las autoridades competentes.
Frente a estas expresiones ciudadanas, la SSP hizo un llamado al diálogo directo con las familias de las personas privadas de la libertad, con la finalidad de generar espacios institucionales que permitan esclarecer hechos, atender inconformidades y corregir posibles irregularidades. En ese sentido, la dependencia aseguró que dará seguimiento puntual a cualquier denuncia formal que llegue a sus oficinas o a través de los mecanismos establecidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El pronunciamiento oficial subrayó que las revisiones internas iniciarán de manera inmediata, en apego a los protocolos institucionales, sin interferencias externas ni dilaciones injustificadas. “Nos mantenemos abiertos a cualquier indagatoria que contribuya a la transparencia del sistema penitenciario y al fortalecimiento del Estado de derecho”, indicó la dependencia mediante un comunicado.
Finalmente, la SSP expresó su disposición para colaborar con organismos autónomos y fiscalías en caso de que se inicien investigaciones externas. En particular, refrendó su apertura al acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otras instituciones que promuevan la vigilancia y protección de los derechos fundamentales de las personas recluidas en los centros penitenciarios del estado.
