Elon Musk abandonó este viernes el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE, por sus siglas en inglés), proyecto impulsado por Donald Trump para recortar el gasto público. Su salida, envuelta en polémicas y un aparente desgaste personal, no representa el cierre del programa, sino el inicio de una etapa más opaca y litigiosa.
Musk recibió una simbólica llave dorada de la Casa Blanca como reconocimiento a su breve paso por el cargo de “empleado especial del Gobierno”. A cambio, dejó a su paso una oficina desacreditada, acusada de errores técnicos, despidos masivos y demandas judiciales que podrían costarle al erario más de lo que se prometía ahorrar.
Aunque Musk afirma que seguirá asesorando al presidente como “amigo cercano”, lo cierto es que su imagen ha quedado profundamente dañada. En redes sociales, publicó que ahora se enfocará “24/7” en Tesla, SpaceX y xAI. Sin embargo, su influencia política, su comportamiento errático y la radicalización de sus posturas han generado un nuevo escrutinio.
Una investigación del New York Times revela que su gestión redujo el 80 % de las subvenciones de USAID, provocando la muerte de cientos de miles de personas, en su mayoría niños. El supuesto “ahorro” de 175 mil millones de dólares contrasta con estimaciones independientes que alertan sobre pérdidas incluso mayores.
Trump, sin embargo, lo despidió con elogios: “Elon ha sido uno de los líderes empresariales más grandes que el mundo haya dado”. Pero la credibilidad de DOGE está por los suelos. Con solo 18 % de sus metas cumplidas, decenas de agencias cerradas y una estela de caos administrativo, el experimento parece más ideológico que técnico.
Musk, además, enfrenta críticas por su afinidad con la extrema derecha, incluido un video donde aparece haciendo el saludo nazi. Su creciente uso de drogas, relaciones personales conflictivas y discursos deshumanizantes refuerzan la percepción de que no ve a las personas como tales, sino como obstáculos o personajes sin voluntad.
