Para ser un super policía es necesario tener un historial plagado de golpes al crimen, una conducta intachable y una trayectoria limpia. Todos esos elementos son justo de los que carece el actual secretario de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, Luis Flores Fierros, quien fue ratificado por la alcaldesa Guadalupe Cuautle Torres.
¿De qué puede presumir el super política de Lupe Cuautle? De un oscuro historial que incluye denuncias penales por abuso sexual; estar vinculado a los principales integrantes del clan de Genaro García Luna, quienes son investigados en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa; de supuestamente exigir el cobro de cuotas para permitir la operación de huachicoleros, secuestradores y narcotraficantes; de haber sido cesado por irrumpir en el aeropuerto de la Ciudad de México sin facultades, vestido de civil y armado hasta los dientes; o de estar sumergido en la oscura trama del Caso Ayotzinapa.
Luis Flores Fierros llegó a San Andrés Cholula en septiembre de 2023, durante la administración de Edmundo Tlatehui Percino, esposo de la actual presidenta municipal Guadalupe Cuautle, por recomendación de Héctor Hernández Sosa, considerado como el principal asesor de la pareja panista y con la fuerza suficiente para imponer a sus alfiles en áreas claves de la administración municipal como Tesorería, Contraloría, Comunicación Social y la Secretaría Ejecutiva.
¿Sabía Edmundo Tlatehui a quien contrataba? Sí y los datos estaban ahí, a la vista de todos.
El abuso sexual
En mayo de 2018, Luis Flores Fierro enfrentó una denuncia por acoso sexual y agresiones en contra de una subordinada suya cuando se desempeñaba como Comisario Jefe de la Policía Federal, de la División Fuerzas Federales en la Coordinación de Operaciones Especiales.
De acuerdo con la víctima, el ahora funcionario municipal pretendía ofrecerle el cargo como secretaria privada por lo que la citó para ofrecerle el trabajo el 11 de mayo de 2018.
“Me dice que vamos a trabajar muy bien, yo le pregunto: ‘¿de qué forma?’. Él me dice: ‘vas a ser mi asistente, cuando yo llegue me vas a atender’. Estoy yo sentada, gira, se pone enfrente de mí, me pone la mano en el hombro, me empieza a apretar y en el momento en que me dice: ‘¿qué tal eres para el sexo oral?’, baja la mano y me presiona el seno. Cuando me toca es cuando yo lo aviento, me levanto e intento salir de su oficina”, relató María de los Ángeles N.
Nueve días después y tras ser revictimizada en la Policía Federal, la afectada presentó una denuncia penal ante la Fiscalía para la Atención de los Delitos de Violencia contra la Mujer de la extinta PGR, así como ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de la Función Pública.
Cuando te agreden sexualmente acudes a la policía, pero cuando es la policía quien te agrede, ¿qué puedes hacer? María tuvo que acudir a AMLO, luego de que su superior en la @PoliciaFedMx la acosara y sus denuncias y quejas no procedieran pic.twitter.com/0uRi3avF8W
— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 14, 2018
El cese por extralimitar funciones
Sin embargo, Flores Fierros traía otros escándalos a cuestas. Por ejemplo, el periódico Reforma dio a conocer que el sujeto fue cesado de la Policía Federal en agosto de 2013, “por haber irrumpido de manera violenta al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) junto a otros agentes para detectar droga”.
“En agosto de aquel año —asentó el rotativo— el entonces comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb anunció la destitución de Luis Fierros Flores por haber ingresado a la plataforma del aeropuerto sin la autorización junto con 30 agentes vistiendo ropa de civil y portando armas largas para inspeccionar una aeronave procedente de Caracas, Venezuela, así como a los viajeros”.
Nadie sabe cómo es que Luis Flores logró reincorporarse a la Policía Federal, pero de lo que sí hay constancia es de su estrecha relación con personajes cercanos de Genaro García Luna —preso en Estados Unidos por sus vínculos con el cártel de Sinaloa— como es Carlos Alberto Flores, excoordinador de Operaciones Encubiertas de la División de Inteligencia de la corporación.
Ese vínculo no era mejor y trajo varios escándalos mayores para Luis Flores.
El escándalo de Ayotzinapa
El 17 de junio de 2023, la Agencia Reforma reveló las declaraciones de Eduardo Francisco Rodríguez Martínez, exdirector de Operaciones de Encubiertas de la PFP y testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. El testimonio quedó asentado en los expedientes de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, del 5 de julio de 2021.
En su relatoría, el testigo colaborador reveló que Carlos Alberto Flores, en complicidad con funcionarios de la Unidad de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), “cuadraba” legalmente todas las detenciones que habría dentro del caso Ayotzinapa en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Fue así que el 15 de enero de 2015 fue detenido en Jiutepec, Morelos, Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, el número dos del cártel Guerreros Unidos y supuesto responsable de dar la orden de ejecutar a los estudiantes normalista en un basurero de la localidad de Cocula.
“Quiero manifestar que Carlos Flores ordenaba todas las detenciones, así como a mí me ordenó detener a ‘El Cepillo’, también sé que a Luis Flores Fierros y a Ricardo Aranda Aguilar les dio otras indicaciones de participar en diversas detenciones del Caso Ayotzinapa, pero desconozco cuáles fueron», declaró el testigo colaborador.
En ese entonces, según el testigo, como segundo de “la estructura de mando” de la División de Inteligencia de la PF estaba Carlos Alberto Flores.
“Sobre la estructura operativa de la Coordinación de Operaciones Especiales (COE), detalla que los mandos eran Luis Flores Fierros, director General de Supervisión y Vigilancia; Ricardo Aranda Aguilar, director General de Reclutamiento y Manejo de Fuentes de Información; y Marcos Vicente González Monjaraz, director General de Operaciones Encubiertas e Infiltración”, relató.
Otra de los pupilos de García Luna
Con la llegada de la 4T, el grupo Genaro García Luna fue comisionado a Baja California como parte de la creación de la Fiscalía General del Estado. Allí conformaron la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GISE), en la que Flores Fierro se desempeñó como Agencia Estatal de Investigación (antes Policía Ministerial); David Fernando Rodríguez Robledo, coordinador del Centro Estatal de Inteligencia, José Antonio Cruz Medina, coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad; y Carlos Alberto Flores como jefe de todos ellos.
Sin embargo, los policías federales pronto se vieron involucrados en denuncias de corrupción y enfrentamientos contra elementos de la Fiscalía General de la República, a los que impidieron completar un operativo de captura de un alto perfil criminal en el estado, sin importar que para eso se necesitara un enfrentamiento a balazos.
El 12 de octubre de 2020, el semanario Z difundió un amplio reportaje que dio luz sobre todas las irregularidades de la GISE. De entrada, reveló todas las cabezas de ese organismo habían sido dados de baja de la Guardia Nacional, incluido Flores Fierros.
La escalada de denuncias de corrupción comenzó con la difusión de una carta anónima, el 29 de septiembre de 2020, supuestamente firmada por funcionarios de la Fiscalía General del Estado en la que denuncian que “Carlos Alberto Flores, Luis Flores Fierros, Alejandro Corona Zamora y David Fernando Rodríguez Robledo, han aprovechado a la institución para perpetuar la corrupción y las negociaciones con el narcotráfico de la región”.
La misiva fue dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, al entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; al gobernador de BC, Jaime Bonilla Valdez; y al fiscal general del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández.
Allí afirmaban que el clan de pupilos de García Luna, se han encargado de “robar droga y dinero de grupos antagónicos, haciendo extorsiones y cometiendo privaciones de la libertad de personas que se dedican a actividades ilícitas para exigirles la entrega de droga o dinero a cambio de liberarlos”.
Al dar a conocer una larga lista de señalamientos contra todos los miembros del clan, incluyeron a Luis Flores Fierros.
El semanario Z asiente: “(En la carta) acusaron también que en la primera junta de comandantes de los diferentes municipios llevada a cabo en Tijuana, Luis Flores Fierros, quien llegó como coordinador de la AEI en Baja California, ‘reclamó exigiendo cuotas por el huachicol en Tecate, más participación por el decomiso de aviones que transportan droga en la Sierra de Ensenada, los cargamentos de droga que pasan por Mexicali con dirección a Tijuana, la fayuca de las aduanas, las recicladoras de carros robados, la prostitución en la Zona Norte y demás actividades ilícitas que, según Flores Fierros, debían ser controladas por la policía de investigación’”.
Pese a las nuevas denuncias, Genaro García Luna tenía un pie metido en Baja California desde 2007. De acuerdo con Insigth Crime, una de las líneas de investigación que se siguen en Estados Unidos fue la decisión del Policía Federal de crear un grupo especial en ese estado con la finalidad de debilitar a los enemigos del Cártel de Sinaloa.
“García Luna habría creado un grupo especial de la Policía Ministerial del Gobierno del estado de Baja California en el 2007 para debilitar al grupo narcotraficante de los hermanos Arellano Félix en beneficio del Cartel de Sinaloa, liderado en ese entonces por Joaquín El Chapo Guzmán, según un agente de ese grupo especial en conversación con Proceso.
“El agente señaló que hizo parte de una campaña secreta para ‘borrar del mapa’ a los Arellano Félix para que el Cartel de Sinaloa se quedara con las ciudades de Tijuana y Mexicali”, asienta la investigación.
Y ahora San Andrés
El pasado 9 de julio de 2024, la exclusiva zona de Sonata perdió la tranquilidad que le caracteriza, luego de un comando armado ingresara al casino Big Bola para ejecutar a un presunto extorsionador y vendedor de droga conocido como El Jaguar.
En el suceso también fue muerte su guardaespaldas, mientras que su pareja Jaqueline fue levantada y días más tarde apareció sometida en un video, en el que relataba que su compañero se hacía pasar como supuesto integrante del CJNG a fin de extorsionar a quienes se dejaran.
De esa forma, el público se enteró que los perpetradores del ataque era La Barredora, un brazo armado del cártel de las cuatro letras, quienes habían hecho justicia por propia mano.
Sin embargo, la bomba sobre el caso detonaría el 13 de noviembre de 2024, cuando el entonces fiscal Gilberto Higuera Bernal reveló que policías municipales de San Andrés Cholula estaban siendo investigados por su presunta participación en el atentado.
La línea de investigación seguía el comportamiento de los uniformados: habrían brillado por su ausencia, a fin de permitir que La Barredora actuara a sus anchas.
“Es todavía más lamentable que la policía preventiva municipal que debió haber advertido que estaba ocurriendo este hecho, que duró minutos, no se hayan percatado del ingreso de vehículos, entiendo, si no estoy equivocado, que rompieron una pluma, y que no haya habido una autoridad que se haya percatado de ello, la salvaguarda de las personas que asisten a esos lugares públicos está evidentemente descuidada y por supuesto que tenemos que revisar también la actuación de las autoridades que estaban a cargo, que era lo que se tenía que hacer y lo que se dejó de hacer, tenemos que proceder contra la irresponsabilidad”, fustigó Higuera Bernal, en una conferencia de prensa.
