En un país marcado por la polarización y el endurecimiento de la política migratoria, el conflicto entre la Casa Blanca y el estado de California alcanzó un nuevo clímax. A menos de 48 horas del despliegue de 2 mil elementos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, el gobernador Gavin Newsom, acompañado por el fiscal general Rob Bonta, anunció una demanda formal contra el presidente Donald Trump. El argumento es directo: la intervención militar ordenada por el Ejecutivo federal violó la Décima Enmienda de la Constitución al pasar por encima de la autoridad estatal.
“Esto no es una política migratoria, es un acto de ocupación”, declaró Newsom frente a los medios, visiblemente irritado. “Trump ha usurpado una facultad que no le corresponde. La Guardia Nacional no es suya. No puede usarla como herramienta de intimidación política”.
Con esta decisión, California se convirtió en el primer estado en presentar un recurso legal de este tipo contra un presidente por federalizar tropas sin autorización del gobernador. Pero detrás de la disputa jurídica, late un conflicto más profundo: quién tiene derecho a proteger –o a reprimir– en un país donde el debate migratorio ya no es sólo legal, sino moral, político y territorial.
Redadas, blindados y pánico colectivo
Todo comenzó con una serie de operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ejecutados en puntos clave del sur de California: estacionamientos, supermercados, almacenes de cadena. El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, confirmó que 42 ciudadanos mexicanos fueron arrestados en esas redadas. “Muchos de ellos estaban trabajando. Ninguno tenía antecedentes penales. Cuatro ya fueron deportados”, detalló.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los hechos y exigió respeto a los migrantes. “Son trabajadores que contribuyen cada día a la economía estadounidense. Criminalizarlos es inaceptable”, dijo.
Pero la respuesta desde Washington no fue conciliadora. Trump redobló la apuesta. Desde su red Truth Social anunció el despliegue de tropas federales para “contener la anarquía” en California, justificando su decisión con una frase incendiaria: “Si no hubiéramos actuado, Los Ángeles habría sido totalmente aniquilada”.
Horas después, columnas de la Guardia Nacional patrullaban las calles del centro angelino. Tropas armadas con rifles automáticos resguardaban edificios federales y estaciones de transporte público. Camionetas blindadas cruzaban zonas densamente pobladas por comunidades latinas. Lo que para la Casa Blanca era una medida de seguridad, para la población fue una señal de ocupación.
La Constitución en juego
El despliegue encendió todas las alertas jurídicas en Sacramento. El fiscal Rob Bonta, de origen filipino y conocido defensor de los derechos civiles, se pronunció sin titubeos: “El presidente ha excedido su autoridad. La Décima Enmienda es clara: los poderes que la Constitución no delega al gobierno federal están reservados a los estados. Y el control de la Guardia Nacional en tiempo de paz es uno de ellos”.
Según Bonta, activar tropas para intervenir en manifestaciones locales sin autorización gubernamental y sin declaración de emergencia nacional es un acto inconstitucional.
“No hubo consulta. No hubo acuerdo. Hubo imposición”, dijo. Además, recordó que Newsom ha activado antes a la Guardia Nacional en incendios forestales y disturbios mayores. “Sabemos cuándo hacerlo. Esta vez no era necesario”.
La demanda presentada ante una corte federal en San Francisco argumenta que el Ejecutivo violó el principio de soberanía estatal y el derecho a la autonomía en materia de seguridad pública.
También alega que el despliegue militar generó un “efecto paralizante” en comunidades inmigrantes, promovió el uso excesivo de la fuerza y restringió el derecho a la protesta pacífica protegido por la Primera Enmienda.
Protestas en llamas, calles bajo vigilancia
En paralelo, las protestas en Los Ángeles escalaron a una magnitud no vista desde los disturbios por el caso George Floyd. Más de mil personas salieron a las calles el fin de semana posterior a las redadas.
Enfrentaron gases lacrimógenos, balas de goma, detenciones arbitrarias y patrullas blindadas. El centro de la ciudad fue cerrado durante horas. La estación de metro Little Tokyo tuvo que ser clausurada por seguridad.
En medio del caos, un motociclista con una bandera mexicana se convirtió en la imagen viral de la protesta. El FBI lo busca por agredir a un agente federal y ofrece 50 mil dólares por información sobre su identidad. Pero para muchos, su figura sintetiza la lucha contra una política migratoria que ha cruzado todas las líneas.
La alcaldesa Karen Bass también condenó el operativo federal. “Mandar tropas a comunidades ya vulnerables no soluciona nada. Solo genera miedo, resentimiento y caos”. Recordó que las redadas ocurrieron en lugares de trabajo, no en cárceles ni bases militares. “Lo que hizo esta administración no tiene que ver con seguridad. Tiene que ver con otra agenda”.
Abogados, jueces y precedentes
La demanda de California podría sentar un precedente histórico. No es común que un estado demande directamente a un presidente por el uso de la Guardia Nacional.
El último antecedente relevante se remonta a la crisis de Little Rock en 1957, cuando el presidente Eisenhower envió tropas para garantizar la integración escolar. Pero en aquel caso se trató de defender derechos civiles. Aquí, se argumenta, el objetivo fue reprimirlos.
El abogado constitucionalista Myron Chen, profesor de derecho en Berkeley, explicó: “El caso gira en torno a un punto clave: ¿Puede el presidente tomar control de la Guardia Nacional sin permiso del gobernador, cuando no hay invasión, ni insurrección, ni emergencia declarada? La respuesta es no. Y eso está en la letra de la ley”.
Además, Chen advierte que el despliegue podría vulnerar la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de fuerzas armadas para hacer cumplir leyes civiles sin autorización del Congreso. “Aunque la Guardia Nacional no es técnicamente ejército regular, su uso en funciones policiales debe estar regulado. Trump actuó sin límites”, concluyó.
El escenario político y las repercusiones
Para el equipo de Trump, la decisión fue estratégica. Su campaña hacia la reelección está basada en proyectar una imagen de fuerza ante lo que califica como “ciudades fuera de control”. El discurso de “ley y orden” ha vuelto con fuerza. Pero la apuesta puede tener un costo alto si la demanda de California prospera.
La Casa Blanca ha evitado responder directamente a la acción legal. Pero voceros del Departamento de Seguridad Nacional han defendido la intervención militar como “necesaria” ante “grupos radicales que buscaban desestabilizar la ciudad”. Ningún informe oficial ha confirmado actos de insurrección o sabotaje.
En tanto, legisladores demócratas han convocado audiencias en el Congreso para revisar el uso de la Guardia Nacional y los derechos constitucionales en el contexto de operativos migratorios. El senador Alex Padilla pidió una investigación formal. “Esto no es lo que dicta la Constitución. Esto es abuso de poder”, sentenció.
Un conflicto que definirá los límites del poder
La batalla legal apenas comienza. Pero el mensaje que envía California es contundente: ningún presidente está por encima del marco constitucional. La defensa del principio federativo no es solo una cuestión de leyes, sino de equilibrio democrático.
Mientras el motociclista de la bandera mexicana sigue prófugo, ICE continúa sus operativos en otros estados. El debate migratorio ya no se libra solo en tribunales o despachos diplomáticos. Hoy se discute en las calles, en las cortes y en los muros digitales donde miles replican la consigna de esta nueva etapa de resistencia: “No más tropas. No más redadas. No más miedo”.
En el fondo, lo que está en juego no es solo el control de la Guardia Nacional, sino el alma misma de una república que se define a sí misma como unión de estados soberanos. Y en esa disputa, California ha decidido no retroceder.
