El Consejo de Paz promovido por Donald Trump nació como un mecanismo excepcional para supervisar la paz y la reconstrucción en la Franja de Gaza, tras un acuerdo avalado en noviembre por la Organización de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2803, aunque desde su origen algunos juristas advirtieron posibles violaciones al derecho internacional.
Sin embargo, la carta fundacional del organismo, difundida por el periódico israelí Times of Israel, amplió su alcance al establecer como objetivo la promoción de la estabilidad y la paz duradera en regiones afectadas por conflictos en todo el mundo, sin mencionar de forma explícita a Gaza, lo que modificó sustancialmente el mandato inicial otorgado por la ONU.
El documento concentró amplias facultades en la figura presidencial, al designar a Trump como presidente fundador vitalicio, con atribuciones exclusivas para invitar o destituir Estados miembros, validar decisiones adoptadas por mayoría y nombrar a su sucesor, lo que configuró un esquema institucional dependiente de una sola figura.
La carta estableció que solo los Estados pueden integrar formalmente el Consejo, representados por sus jefes de Estado o de Gobierno, mientras que personas individuales, como Jared Kushner, Tony Blair o Ajay Banga, participarían únicamente en subcomités sin derecho a voto, pese al impacto político de esos nombramientos.
Diversos países confirmaron haber recibido invitaciones, entre ellos Alemania, India, Turquía, Hungría y Canadá, además de Egipto, Jordania y Pakistán, mientras que el Kremlin informó que Vladimir Putin evaluó aceptar la convocatoria, en un gesto que reforzó el perfil geopolítico del nuevo organismo.
La membresía permanente quedó condicionada a aportaciones superiores a mil millones de dólares en el primer año, un requisito financiero que, según especialistas, introdujo un criterio económico inédito en mecanismos internacionales de paz y gobernanza.
Para el jurista Eliav Lieblich, de la Universidad de Tel Aviv, la carta del Consejo representó un desafío directo a Naciones Unidas, al asumir funciones más allá del mandato otorgado y cuestionar implícitamente a las instituciones multilaterales existentes, lo que abrió un debate sobre su validez y su encaje en el derecho internacional.
