Lo que comenzó como un juicio mercantil por una deuda de un millón de pesos en Oaxaca terminó con familias poblanas en la calle, violentadas y despojadas de viviendas que compraron legalmente, incluso con créditos del Infonavit.
En el epicentro de esta trama: una red mafiosa de corrupción judicial y despojo, conocida ya como el “Cártel Inmobiliario de Oaxaca”, ahora rebautizado por el gobernador Alejandro Armenta como el “Cártel del despojo”.
Esta estructura oscura, compuesta por jueces, civiles armados, abogados y supuestos acreedores, no solo está arrebatando casas a ciudadanos legítimos, sino que opera con un modus operandi tan afinado que convirtió el papel sellado de un juzgado en un arma de desalojo masivo.
El despojo
Todo comenzó con un caso en apariencia sencillo: Emma Dulce Flores Hernández demandó a Ángel Andrés Bustos Flores en el distrito judicial de Cosolapa, Oaxaca, por una deuda de 1 millón de pesos.
El demandado ofreció como «dación de pago» un predio de 720 metros cuadrados que, en papel, se trataba de un terreno baldío, pero en la realidad, eran cinco viviendas habitadas por familias poblanas.
El juez Paulino Coronel Díaz, desde una oficina judicial a más de 200 kilómetros de distancia, autorizó la ejecución del pago en especie sin investigar a fondo la propiedad del terreno ni verificar que existieran casas con propietarios legítimos.
Mandó el exhorto a Puebla y el 16 de julio de este año, policías estatales y civiles armados irrumpieron en la colonia Gobernadores de San Andrés Cholula y desalojaron a los habitantes de los domicilios marcados con los números 2, 4, 8, 10 y 12 de la calle Rosendo Márquez.
Ligia Sared llegó ese día a su hogar y lo encontró sitiado. 40 personas desconocidas bloqueaban el acceso: “Veía cómo destruían mis cosas”, narró entre lágrimas en un video difundido por Milenio.
Intentó acercarse, pero una camioneta blanca sin placas la interceptó, dos hombres armados descendieron y uno le mostró una pistola: “Ya mija, la vida sigue”, dijo uno de ellos.
La afectada aseguró que la operación no fue casual ni improvisada, toda vez que relató, sus rutinas ya estaban vigiladas: sabían a qué hora se bañaba, cuando salía de casa y cuando regresaba.
Desde los días previos al desalojo, camionetas sin placas rondaban su calle. El día posterior, el 17 de julio, quienes intentaron reunirse para organizar una respuesta legal fueron hostigados por individuos desconocidos a bordo de autos sin identificación.
Algunos han tramitado amparos, otros interpusieron denuncias penales, pero todos comparten una misma desesperación: fueron víctimas de un sistema que protegió más un papel sellado a 200 kilómetros que los derechos de quienes vivieron años bajo esos techos.
Los nombres de Emma Dulce Flores Hernández y Ángel Andrés Bustos Flores son señalados por los propios vecinos como presuntos actores coludidos. Ambos viven en la misma calle, en los mismos predios objeto del conflicto y en los números 14 y 6, que no fueron desalojados, viven ellos.
Mauricio Figueroa, otro de los afectados, había adquirido su casa en 2017, lo mismo Juan Carlos Ruiz Ortega, quien compró con crédito de Infonavit en 2023. Todos acreditaron legalmente la propiedad, pero ninguno de ellos tuvo voz ni representación en el juicio que se libró en Oaxaca.
El proceso judicial que permitió el saqueo se condujo bajo el Exhorto 41/2025, derivado del juicio mercantil 439/2025 iniciado en Cosolapa. En ese documento no se menciona que el predio ofrecido como garantía esté habitado o construido, ni que pertenezca a un tercero.
Lo que sí quedó claro es que tanto el demandante como el demandado viven en la misma calle Rosendo Márquez, un dato que hizo sospechar a los vecinos que el litigio fue simulado.
El exhorto fue turnado al juez de exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, quien ejecutó la orden sin dar aviso previo a los ocupantes.
Este juez, ya había sido señalado como uno de los operadores del Cártel del Despojo, conocido también por ejecutar desalojos en locales comerciales, participar en el conflicto por el control de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y hasta por agredir físicamente a un abogado en pleno desahucio.
Un juez con antecedentes turbios
José Cuauhtémoc Blázquez Guevara no es ajeno a la polémica. Apenas en octubre de 2024, fue exhibido en redes golpeando a un abogado de un juez de Exhortos e intentando arrebatarle su celular mientras era grabado.
La disputa: el desalojo de locales comerciales, ejecutado con otro exhorto emitido fuera del estado a favor de un hombre llamado Marcelino Fernández Tejedo.
Pese a los antecedentes y denuncias, Blázquez Guevara sigue presuntamente firmando órdenes que afectan la vida de ciudadanos, ahora en nombre de resoluciones emitidas a cientos de kilómetros, en juzgados que, para efectos prácticos, han sido tomados por intereses particulares.
La presión social y mediática hizo que el gobernador Alejandro Armenta rompiera el silencio. El pasado 29 de julio admitió públicamente la existencia de una red de corrupción institucionalizada: un cártel que se ha infiltrado el Poder Judicial, el Registro Civil, notarías y oficinas administrativas, pero que se está combatiendo con estrategia desde el gobierno del Estado, lo mismo que un “Cartel de Laudos”.
“Estamos atendiendo el tema con apego a la Ley, no podemos nosotros actuar sin realizar los procedimientos correspondientes porque son grupos que tienen poder económico y utilizan la fábrica de mentiras para generar percepción cuando los pones en evidencia, tienen poder económico y tienen vínculos nacionales”, apuntó.
Por ahora, el juez Paulino Coronel Díaz continúa en funciones en Cosolapa. No ha explicado por qué aceptó como válida la garantía de un terreno que no era propiedad del demandado y tampoco ha sido sancionado, sin embargo, en Oaxaca comenzaron a surtir efecto las primeras sanciones.
Primer sentenciado
Este jueves, un antiguo funcionario del Instituto Catastral de Oaxaca se convirtió en el primer sentenciado dentro de dicha red de corrupción. Jorge N., quien encabezó la dependencia estatal, recibió una pena de 8 años y 7 meses de prisión por ordenar la sustracción irregular de documentos catastrales, entre ellos el expediente de un inmueble perteneciente al médico Gerardo Ricárdez Bernardino, ya fallecido.
Los registros, una vez manipulados, fueron utilizados para transferir predios mediante documentos falsos a personas relacionadas con el propio exfuncionario.
La investigación también involucra a su pareja sentimental, Roxana N., identificada como una de las beneficiarias de los terrenos apropiados. Asimismo, su padre, el notario Jorge N., fue detenido en marzo pasado por su presunta participación en los actos de simulación jurídica que permitieron legitimar las operaciones.
El caso de Jorge N. no es el único. De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, existen al menos seis expedientes más en su contra y más de 200 carpetas de investigación abiertas que señalan el funcionamiento sistemático de una red que habría operado durante el sexenio de Alejandro Murat, actual senador por Morena.
Además de la sentencia y la multa impuesta, superior a los 16 mil pesos, se encuentra pendiente la determinación del monto para la reparación del daño, estimado preliminarmente en 1.6 millones de pesos. El sentenciado permanecerá recluido en el penal de Tanivet.
