El periodista y activista local Josué Martínez, de 35 años de edad, fue asesinado a balazos en la colonia San Lucas Atoyatenco, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
El comunicador, quien administraba una página informativa independiente en redes sociales, principalmente enfocada en temas locales, daba cobertura a asuntos relacionados con seguridad, presuntos actos de corrupción y problemáticas sociales de Texmelucan y comunidades cercanas.
De acuerdo con reportes preliminares, Martínez fue atacado con arma de fuego y recibió múltiples impactos que le provocaron la muerte. El hecho generó una fuerte reacción entre integrantes del gremio periodístico poblano, quienes exigieron el esclarecimiento del crimen y garantías de seguridad para quienes ejercen la labor informativa.
Amenazas previas
Compañeros y familiares del periodista señalaron que Josué Martínez habría recibido amenazas durante los últimos seis meses, presuntamente relacionadas con sus publicaciones y los temas que abordaba en su labor periodística.
Estas advertencias habían generado preocupación entre personas cercanas al comunicador, debido al tipo de información que difundía y a los señalamientos que realizaba sobre asuntos de interés público.
FGE investiga homicidio
Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio y realiza las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del crimen y ubicar a los responsables.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos. Las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación, incluida la relacionada con su actividad periodística, aunque también se analizan otros posibles móviles.
Exigen justicia y protección a periodistas
El asesinato de Josué Martínez provocó indignación entre periodistas, colectivos y organizaciones relacionadas con la libertad de expresión, quienes señalaron la importancia de que el caso sea investigado con perspectiva de su labor informativa.
El crimen se suma a la lista de agresiones contra comunicadores en México y vuelve a colocar sobre la mesa la exigencia de fortalecer los mecanismos de protección para periodistas, especialmente aquellos que realizan cobertura local en temas de seguridad y asuntos públicos.
La investigación continuará bajo la responsabilidad de las autoridades ministeriales, que deberán esclarecer si el ataque estuvo relacionado directamente con su trabajo periodístico y llevar ante la justicia a los responsables.
