El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, implementará un arancel del 50% a las importaciones de cobre, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional y reactivar la minería doméstica. La medida, tomada bajo la Sección 232 del Departamento de Comercio, busca reducir la dependencia de proveedores extranjeros de este metal, crucial para sectores como la energía, la defensa y la tecnología.
El anuncio provocó un inmediato incremento en los precios del cobre en el mercado, con subidas de entre 12% y 17%, alcanzando niveles no registrados desde finales de los años 60. Especialistas advirtieron que este aumento podría impactar los costos de producción en industrias clave como la automotriz, electrónica y construcción.
La administración Trump también evalúa imponer aranceles de hasta 200% a productos farmacéuticos y restricciones adicionales en semiconductores, lo que forma parte de una estrategia más amplia de proteccionismo económico con la que busca fortalecer el lema «America First».
Países como Chile, Canadá, Perú y México, principales exportadores de cobre a Estados Unidos, manifestaron su preocupación ante esta decisión y advirtieron sobre posibles represalias comerciales, así como afectaciones al flujo de inversiones y cadenas de suministro bilaterales.
Empresas estadounidenses como Freeport-McMoRan, una de las mayores productoras de cobre, vieron aumentar el valor de sus acciones tras el anuncio. No obstante, expertos financieros señalaron que un exceso de inventario en almacenes estadounidenses podría amortiguar los beneficios esperados para el sector minero nacional.
La medida se suma a una serie de decisiones arancelarias impulsadas por Trump durante su administración, como los impuestos al acero, aluminio y productos agrícolas, consolidando un enfoque de política comercial más restrictivo y orientado a la autosuficiencia.
