La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, con el objetivo de homogeneizar la tipificación de este delito en todo el país y establecer sanciones más severas.
El dictamen fue aprobado por 25 votos a favor de los grupos parlamentarios de Morena, PT, PVEM, PAN y MC, y tres abstenciones del PRI. La nueva legislación establece una pena básica de 6 a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Además, contempla 34 agravantes que pueden incrementar la pena hasta en dos tercios, alcanzando hasta 25 años de prisión en casos de grave afectación a la integridad de la víctima, el carácter del agresor o el impacto económico y social del delito.
La iniciativa también establece que la extorsión se perseguirá de oficio, permitiendo a las autoridades actuar sin necesidad de denuncia previa. Asimismo, se habilita la línea telefónica 089 para denuncias anónimas.
Sin embargo, la reforma ha generado controversia. Algunos legisladores advierten que la aplicación de penas menores podría beneficiar a personas actualmente privadas de libertad por extorsión en estados como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, donde las sanciones son más severas que las establecidas en la nueva ley.
La iniciativa será discutida y votada en el pleno de la Cámara de Diputados en el próximo periodo de sesiones.
