Era un día cualquiera en el edificio del Registro Público de la Propiedad en Puebla cuando Eduardo José N., entonces registrador de la oficina de Teziutlán, cruzó el umbral con una carpeta bajo el brazo y 50 mil pesos en efectivo. No acudía a realizar un trámite ni a entregar documentos atrasados, sino, según la investigación, a realizar una oferta para evitar las revisiones administrativas que se cernían sobre su área.
Sin embargo, el intento fracasó y el caso terminó convertido en un expediente judicial. Eduardo José N. fue detenido casi de inmediato y presentado ante un juez de control. La Fiscalía General del Estado expuso las evidencias que lo incriminaban, y el juez determinó vincularlo a proceso por el delito de cohecho, imponiéndole prisión preventiva justificada, medida que lo mantendrá en custodia durante el desarrollo del juicio.
Este caso no es aislado, sino parte de una red de corrupción más amplia, según reveló el titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes. En lo que va del año, se han abierto 471 expedientes contra servidores públicos por presuntos actos corruptos, principalmente en las áreas relacionadas con la identidad, la propiedad y el territorio: el Registro Público de la Propiedad, el Catastro y el Registro Civil.
Hasta ahora, se han dictado 49 sanciones: dos destituciones, 28 inhabilitaciones, una amonestación privada, una pública y cuatro vinculaciones a proceso, entre ellas la de Eduardo José N. Por otro lado, 165 casos se cerraron por falta de pruebas, mientras que 256 permanecen bajo investigación.
