La madrugada de este 19 de julio, la Covadonga volvió a respirar, pero no como fábrica textil ni como símbolo del sindicalismo en México, sino como un terreno que al menos por ahora, dejó de estar a merced de la impunidad.
En un operativo que movilizó a autoridades municipales, estatales y federales, incluidos cerca de 200 elementos de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, fueron derribadas una treintena de construcciones irregulares levantadas en los últimos dos años por grupos que buscaron apoderarse de manera ilegal de casi nueve hectáreas de esta emblemática exhacienda.
No había nadie dentro, ni familias ni muebles ni excusas, solo bardas y estructuras improvisadas. Se trataba de un terreno invadido por presuntos grupos de choque que, a fuerza de maquinaria, intimidación y promesas falsas, ofrecieron más de 400 lotes por precios que iban de los 200 mil hasta los 350 mil pesos.
La Covadonga fue la última gran fábrica textil del siglo XIX en instalarse en América Latina. Fundada el 15 de octubre de 1897, se alzó a la vera del río Atoyac, justo donde Puebla y Tlaxcala se rozan.
Su poder fue tal, que solo La Constancia y Mayorazgo la superaban en producción, pero su valor no era solo industrial: fue también el punto de origen del primer sindicato textil en México.
Su historia, como tantas otras, se apagó en 2006, entre litigios laborales y el derrumbe del sector. Cerró como propiedad del grupo El Asturiano y pronto sus 22 hectáreas se convirtieron en tierra de nadie.
Una parte se donó a la fundación Julita y Antonio IAP, con la idea de levantar centros de atención para grupos vulnerables. Otra fue fraccionada y vendida, y otra más, simplemente tomada. Ahí comenzaron a escribirse los nuevos capítulos de esta historia.
El golpe: los inmaculados
Fue el 9 de abril de 2023 cuando irrumpieron, pero no fue una invasión silenciosa, sino una toma al estilo comando: unas 100 personas armadas con mazos, cortadoras, herramientas pesadas y maquinaria entraron al predio, donde no había espacio para la negociación, toda vez que rápidamente delimitaron terrenos, colocaron postes y vendieron sueños.
Algunos los llaman “Inmaculados”, por la presunta relación con la empresa embotelladora Agua Inmaculada. Otros los conocen simplemente como los invasores, pero más allá del nombre, lo que dejaron fue devastación legal: más de 450 lotes vendidos en el margen de la ilegalidad, recibos sellados en notarías y promesas sin escritura.
La pregunta de fondo no era sólo quiénes eran, sino cómo pudieron operar por tanto tiempo sin que ninguna autoridad actuara dentro del municipio de Puebla.
Justicia a cuentagotas
El abogado Jesús González Schmal, representante legal de la fundación, denunció que fueron despojados de 123 mil metros cuadrados en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, donde una parte fue convertida en planta embotelladora y otra más loteada como si fuera legal.
Durante meses, la fundación litigó, solicitó ayuda y documentó la situación. El Ayuntamiento de Puebla a cargo de Adán Domínguez incluso aprobó un acuerdo el 30 de abril de 2024 para demoler las construcciones irregulares, pero el tiempo pasó y en los hechos, fue letra muerta: el documento seguía dormido en un cajón.
Fue hasta que se interpuso un amparo federal que las cosas comenzaron a moverse. La juez Blanca Alicia Luna otorgó la protección necesaria para que se obligara a la autoridad municipal a cumplir su propio acuerdo. Y con la intervención de la Secretaría de Gobernación estatal a cargo de Samuel Aguilar Pala, que durante dos meses encabezó mesas de trabajo, se trazó finalmente una ruta.
Este 19 de julio, maquinaria pesada demolió lo que en su momento se levantó a la fuerza en la colonia Ignacio Zaragoza, a la altura del kilómetro 13.9. No hubo violencia, pero sí tensión y a diferencia de otras ocasiones, esta vez no hubo resistencia, tal vez porque ya sabían que la fiesta se había acabado, al menos en esas 9 hectáreas.
Mientras se derrumbaban bardas, lo que quedaba en pie eran las historias de quienes compraron sin saber.
Familias de bajos recursos, obreros sin acceso a crédito, trabajadores informales que vieron en estos lotes una oportunidad de construir un hogar. Muchos aún defienden sus derechos, convencidos de que no fueron cómplices, sino víctimas, pero para la ley, lo que no tiene escritura no existe.
La orden de demolición
La orden que dio paso a la demolición de las viviendas en obra gris fue firmada desde el mes de abril de 2024, pero se ejecutó finalmente hasta este mes, en la administración de José Chedraui Budib.
En el escrito original, la Dirección de Desarrollo Urbano municipal emitió una orden con carácter de urgente y ejecución inmediata para proceder a la demolición de construcciones ilegales levantadas en La Covadonga.
De acuerdo con el documento oficial, fechado el 30 de abril de 2024, se justificó una medida de seguridad preventiva, lo que permitiría derribar sin necesidad de juicio previo las obras realizadas sin licencias, permisos ni autorizaciones municipales.
La disposición estableció que la medida subsistiría hasta que el propietario, poseedor o representante legal del terreno retirara por su cuenta las construcciones irregulares. En caso contrario, la autoridad podría actuar de inmediato con el respaldo de otras dependencias municipales.
Por ello, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano solicitó el apoyo de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del Ayuntamiento capitalino para llevar a cabo los trabajos de retiro y demolición.
La base legal de esta orden se encuentra en los artículos 224, 225 y 226 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, así como en el Código Reglamentario Municipal (Coremun) y los planes de desarrollo urbano vigentes para la ciudad de Puebla.
El documento también deja claro que la diligencia podría realizarse aun si el propietario no se encontraba presente, ya que bastaría con notificar a cualquier persona que estuviera en el lugar y se levantaría además un acta formal donde se consignaran los hechos ocurridos durante la ejecución de la medida.
La orden municipal concluyó advirtiendo que, aunque la demolición se realizaría como acción inmediata de prevención, no exime a los responsables de futuras sanciones administrativas o legales que pudieran imponerse por violar la normativa urbana.
Este documento sirvió como fundamento para el operativo realizado en la madrugada del 19 de julio, cuando autoridades de los tres niveles de gobierno derribaron más de 30 estructuras irregulares en casi nueve hectáreas del terreno en disputa, devolviendo a la Fundación Julita y Antonio una parte de los predios legalmente acreditados a su nombre.
Esto fue posible en atención a una nueva resolución dictada el pasado 15 de julio de este año, dentro del juicio de amparo 257/2025-III, por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, que dio paso a un operativo que inició a las 03:00 horas y concluyó a las 07:30 horas y se realizó con una estrategia planificada y en un entorno de seguridad.
Protestan frente a Palacio
Horas después de la demolición de las barcas, vecinos se movilizaron al Zócalo de Puebla para exigir explicaciones al gobierno municipal. Con pancartas y consignas, los manifestantes bloquearon parcialmente la Avenida Palafox y Mendoza, justo frente al Palacio Municipal.
Acusaron que el operativo se llevó a cabo presuntamente sin previo aviso y aseguraron que algunas de las familias desalojadas tenían años habitando la zona.
En respuesta, la Secretaría de Gobernación municipal informó que la intervención respondió a una medida preventiva para retirar edificaciones irregulares y que se mantiene el diálogo abierto con los inconformes. La dependencia también señaló que se recuperaron ocho hectáreas de un total de 22.
