Una bomba de tiempo estalló en la Sierra Norte de Puebla. Los recientes cateos encabezados por la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de la Sedena, la Semar y la SSP, en los municipios de Cuautempan y Ahuacatlán, revelaron mucho más que casas con armas, drogas y vehículos sospechosos. Lo descubierto es solo la punta del iceberg de un fenómeno que durante años se incubó bajo la sombra de una red política y delictiva, amparada por la impunidad y el poder familiar.
Para entender la magnitud del problema hay que regresar varios años atrás, sobre todo antes de 2021.
Interesado en expandir su territorio, Gerardo Cortés Betancourt, cacique de Cuautempan, decidió sembrar a su hijo Gerardo Cortés Caballero en el municipio de Ahuacatlán, la puerta de entrada a una fracción de la Sierra Norte profunda: Tepango de López, Amixtlán, Zongozotla, Zapotitlán de Méndez.
La llegada del junior estuvo aparejada con el poder del dinero: instaló una mueblería, luego compró toda una cuadra y desde ahí lanzó su carrera política.
Lo que no contaban era que el pueblo lo rechazaría y a su padre no le quedaría otra opción que cederle el control de virreino: Cuautempan.
Pero, la influencia del junior nunca se perdió en Ahuacatlán ni en la región.
Este contexto es clave para entender lo ocurrido hace unos días en el dispositivo montado por las autoridades, pero también para analizar el comportamiento de la incidencia delictiva en Cuautempan y Ahuacatlán. Los números lo evidencian: entre octubre de 2021, -cuando Gerardo Cortés Caballero tomó las riendas de Cuautempan- y mayo de 2025, ese municipio acumuló 80 carpetas de investigación por distintos delitos, mientras que Ahuacatlán duplicó esta cifra con 160 casos, según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado.
Estos datos son reveladores si se alinean con las denuncias ciudadanas sobre el abandono institucional, el control territorial de caciques y la permisividad política.
Aunque ambos municipios comparten el mismo número de homicidios (3), en el caso de Ahuacatlán presentó un patrón alarmante en violencia familiar al acumular 39 casos, casi cuatro veces más que los 10 reportados en Cuautempan.
En cuanto a los robos totales, se trató de 19 registrados en Ahuacatlán frente a 14 en Cuautempan, mientras que, en robo de vehículos automotores, este delito fue de cero en Cuautempan, pero llegó a 10 en Ahuacatlán, lo que podría indicar operaciones relacionadas con el crimen organizado o redes de transporte ilícito.
Un dato que salta por sí solo es que, a pesar del reciente hallazgo de una red completa de narcomenudeo en ambos municipios, de este delito sólo se denunciaron dos casos en Ahuacatlán y ninguno en Cuautempan, reflejo de una posible complicidad por ocultar las actividades ilícitas en esta zona de la Sierra Norte poblana. No obstante, las lesiones se mantuvieron en números rojos con 11 carpetas de investigación en Cuautempan y 13 en Ahuacatlán, lo mismo que el daño en propiedad, con 7 y 15 denuncias, respectivamente
Además de la grave situación de inseguridad registrada en el municipio, la familia Cortés ha sido señalada por ejercer un cacicazgo en Cuautempan, ocupando la presidencia municipal en múltiples ocasiones y cambiando de afiliación partidista según sus intereses.
Han pasado por el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Pacto Social de Integración e inclusive buscaron posicionarse bajo la bandera de la 4T, lo que generó críticas por lo que actores políticos consideraron falta de lealtad ideológica y oportunismo político.
En Ahuacatlán, Gerardo Cortés Caballero adquirió propiedades de manera significativa, incluyendo la compra de una cuadra completa donde instaló una mueblería y construyó un edificio de tres pisos, lo que también levantó sospechas sobre el origen de los recursos utilizados, considerando su trayectoria como proveedor de materiales de construcción para programas gubernamentales en municipios pobres de la región.
