La Corte Suprema de Estados Unidos falló este martes 23 de junio de 2026 a favor del gobierno del presidente Donald Trump en un caso clave que redefine el margen de acción de las autoridades migratorias sobre residentes permanentes legales que reingresan al país.
La decisión, emitida por mayoría de 6 votos contra 3 en el tribunal de tendencia conservadora, otorga mayor discrecionalidad a los oficiales de inmigración en puertos de entrada para colocar en “parole” migratorio —libertad condicional— a titulares de green card cuando existan acusaciones o sospechas de delitos, incluso sin una condena previa.
El caso, identificado como Blanche v. Lau, giró en torno a Muk Choi Lau, un residente permanente que en 2012 fue sometido a este estatus al regresar de un viaje a China, luego de enfrentar una acusación por falsificación de marcas.
Con este fallo, el máximo tribunal determinó que los agentes fronterizos no están obligados a demostrar con un estándar elevado la comisión del delito en el momento del ingreso al país, y que dicha carga probatoria puede resolverse posteriormente en procesos de remoción o deportación.
La resolución implica que los residentes permanentes con antecedentes, cargos pendientes o sospechas de delitos —incluidos aquellos considerados de “moral turpitude”— podrán ser tratados como solicitantes de admisión en el momento de su reingreso, lo que abre la puerta a restricciones temporales o procedimientos de expulsión.
El fallo refuerza además la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en los puntos de entrada al país y revierte criterios previos de cortes inferiores que exigían mayores garantías procesales para los residentes legales.
De acuerdo con especialistas en derecho migratorio, la decisión podría tener un impacto significativo en los viajes internacionales de miles de titulares de green card, particularmente aquellos con cualquier tipo de antecedente legal, aun sin sentencia firme.
Organizaciones defensoras de derechos civiles advirtieron que la resolución debilita las protecciones constitucionales de los residentes permanentes, mientras que los tres magistrados liberales que votaron en contra señalaron que el fallo reduce el debido proceso en perjuicio de millones de personas con estatus legal en Estados Unidos.
El dictamen se enmarca en la agenda migratoria restrictiva impulsada durante el segundo mandato de Donald Trump, que ha reforzado el control en fronteras y endurecido los criterios de ingreso y permanencia en el país.
Aunque no modifica la validez de las green cards ni su renovación, el fallo sí redefine las condiciones de reingreso a Estados Unidos, elevando el nivel de riesgo legal para residentes permanentes con cualquier situación judicial abierta en el extranjero o dentro del país.
