Con el objetivo de fortalecer el combate al lavado de dinero y al crimen organizado desde los frentes financiero y de inteligencia, el Congreso de la Unión aprobó esta semana dos reformas de alto impacto: por un lado, el Senado de la República avaló cambios sustantivos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI); por otro, la Cámara de Diputados expidió la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
La reforma al marco antilavado fue respaldada por 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones en la Cámara Alta. El dictamen plantea un nuevo régimen de vigilancia sobre personas consideradas políticamente expuestas, amplía las actividades vulnerables sujetas a revisión —como desarrollos inmobiliarios, uso de activos virtuales y fideicomisos—, y obliga a notarios, corredores públicos y asociaciones sin fines de lucro a cumplir mayores exigencias de colaboración.
Uno de los puntos más controvertidos del dictamen aprobado en el Senado fue la inclusión de facultades extraordinarias a la Secretaría de Hacienda para acceder a información patrimonial, financiera y digital de personas físicas y morales, sin necesidad de orden judicial. Esta disposición generó fuertes críticas desde las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
La senadora Alejandra Barrales advirtió que esta norma puede derivar en una herramienta de persecución política, mientras que Claudia Anaya acusó que se criminaliza la informalidad y se ignora a grandes grupos económicos protegidos. Guadalupe Murguía alertó sobre el debilitamiento de garantías constitucionales y la desproporcionalidad de las cargas para pequeños negocios.
Pese a estas críticas, la mayoría morenista defendió el dictamen como una herramienta “imprescindible para enfrentar las redes criminales de alto impacto” y destacó la incorporación de definiciones precisas y salvaguardas técnicas. El documento fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión final.
Durante la discusión en lo particular, la senadora morenista Lucía Trasviña propuso —y logró que se aceptaran— diversas reservas que eliminan las referencias específicas al financiamiento al terrorismo en la ley reformada, por considerar que su mención era redundante y podía generar contradicciones con el Código Penal Federal y con los tratados internacionales suscritos por México.
Entre las definiciones que incorpora el dictamen se incluyen conceptos clave como “beneficiario controlador”, “persona políticamente expuesta”, “cliente o usuario”, y “riesgo”, con el objetivo de homologar el lenguaje técnico con estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Además, el dictamen obliga a partidos políticos, sindicatos, autoridades laborales y al Instituto Nacional Electoral (INE) a entregar información sobre candidaturas, dirigencias y operaciones financieras sospechosas, lo que ha sido interpretado por sectores críticos como una posible vía de control político.
Fijan normativa de centrales de inteligencia
En paralelo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la expedición de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la cual busca establecer bases jurídicas claras para el funcionamiento de plataformas centrales de inteligencia en materia de seguridad pública.
Con 324 votos a favor, 117 en contra y sin abstenciones, se aprobaron los artículos reservados y las modificaciones impulsadas por la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana. El dictamen fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.
Entre los ajustes aceptados destaca la redefinición del Título Séptimo como “Operación de la Plataforma Central de Inteligencia” y precisiones sobre los artículos 6 y 23, que hacen referencia al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), órgano operativo clave del nuevo sistema.
Durante la discusión, se propusieron reformas a más de 50 artículos del proyecto de decreto, aunque la mayoría fueron retiradas o rechazadas. Legisladores de oposición expresaron preocupación por la ambigüedad de ciertos términos y el posible uso excesivo de la inteligencia estatal frente a la ciudadanía.
Ambos dictámenes forman parte de la estrategia federal para fortalecer el marco institucional contra la delincuencia organizada. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, juristas y legisladores han advertido sobre el peligro de avanzar hacia un modelo de vigilancia sin controles judiciales, con consecuencias potenciales para la vida democrática y las libertades civiles.
Los próximos pasos legislativos determinarán el alcance definitivo de ambas iniciativas. La Ley de Investigación e Inteligencia aún debe ser discutida en el Senado, mientras que las reformas antilavado requieren el aval de la Cámara de Diputados. En ambos casos, se espera que la controversia en torno al equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales continúe en el centro del debate público.
