A casi tres semanas de su privación de la libertad, cinco trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver Corp permanecen en calidad de desaparecidos, mientras autoridades federales avanzan en la identificación de restos localizados en fosas clandestinas en el predio El Verde, en la zona serrana de Concordia.
Los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero de 2026, cuando un grupo armado interceptó a 10 empleados —entre ingenieros, geólogos y personal de seguridad— que se dirigían a laborar en el proyecto minero de plata y oro ubicado en el área de Pánuco/El Verde.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el hallazgo de 10 cuerpos en fosas clandestinas en esa misma zona. De ellos, cinco ya fueron identificados mediante pruebas de ADN y peritajes forenses. Se trata de José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Antonio Jiménez Nevárez y Antonio de la O Valdez, originarios principalmente de Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero.
Los cuerpos serán trasladados a sus estados de origen para su entrega a familiares.
Los otros cinco restos localizados permanecen en proceso de identificación. Tanto la FGR como la empresa minera señalaron que aún no se puede confirmar si corresponden a los cinco trabajadores que continúan no localizados o a otras víctimas.
En un comunicado, Vizsla Silver lamentó la incertidumbre que enfrentan las familias y aseguró que mantiene colaboración permanente con autoridades mexicanas para esclarecer los hechos.
Por su parte, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones apuntan a que el secuestro habría sido resultado de una “confusión” por parte de una célula de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, que presuntamente los confundió con integrantes de un grupo rival. Hasta el momento, se reportan cuatro personas detenidas vinculadas al caso.
La búsqueda continúa en la región serrana, considerada de alta violencia debido a disputas entre grupos criminales. Autoridades federales mantienen operativos en coordinación con instancias estatales, mientras familiares de las víctimas exigen resultados y garantías de seguridad en la zona minera.
