El diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) promueve dos iniciativas que reformas el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la Constitución Política, a fin de tipificar y sancionar el delito de “corrupción inmobiliaria” e incluirlo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Sostuvo que este acto ilícito es tan grave que requiere el mismo trato que otros delitos graves como la extorsión, el robo de hidrocarburos, el homicidio y la delincuencia organizada.
En conferencia de prensa, en el marco de la Comisión Permanente que sesiona en el Senado de la República y acompañado de la diputada de su grupo parlamentario, Margarita García, detalló que su propuesta plantea penas de hasta 20 años de prisión y sanciones económica como la suspensión del empleo, la destitución, la inhabilitación y económicas.
Aseveró que la corrupción inmobiliaria afecta de manera importante a la sociedad y tiene nombre, rostro y manera de operar.
“Se trata de la colusión entre servidores públicos y desarrolladores inmobiliarios para alterar, omitir o falsificar trámites para modificar legalmente usos de suelo, para construir sin permisos, vender sin servicios la infraestructura, para burlar la ley y lucrar con el derecho a la vivienda”, señaló.
Mejía Berdeja apuntó que en este tipo de corrupción también se involucran titulares de los registros civiles, de los catastros, de las áreas de desarrollo urbano, jueces civiles y notarios públicos.
“Es todo un entramado que se puede llamar ´cártel inmobiliario´ o ´cártel del despojo´. Esta práctica ha generado gentrificación, encarecimiento de la vivienda y un incremento brutal de la desigualdad urbana y ha institucionalizado el abuso del poder”, indicó.
Mencionó que destacan casos de corrupción inmobiliaria como los que se han registrado en la alcaldía Benito Juárez, donde se estima que esta práctica ha representado más de 7 mil 140 millones de pesos, se han autorizado 264 pisos de manera irregular, se han informado sobre violación del uso de suelo y omisión de supervisión de obra.
“A lo largo de dos décadas, un grupo político criminal que se ha apropiado del gobierno de la Benito Juárez, ha operado esta red y es el ´cártel inmobiliario´ de la Benito Juárez. Más de 133 inmuebles con pisos ilegales y más de seis colonias afectadas”, abundó.
El diputado comentó que otros casos se han registrado en Coahuila, en donde el gobernador de la entidad, el priista Manolo Jiménez Salinas, ha sido señalado por beneficiar a empresas familiares con terrenos públicos y contratos durante su paso como alcalde de Saltillo.
“Es el uso del poder público para el enriquecimiento privado a costa del bienestar colectivo. En Coahuila, se autorizaron 18 permisos municipales de obra, de usos de suelo, cambios en la planeación para beneficiar a 18 empresas vinculadas a su familia. Jisa Bienes Raíces y Verjip Constructores Inmobiliarias fueron empresas beneficiadas y pertenecen a su familia”, manifestó.
